Sábado 8.6.2024
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Última actualización 18:52
En un punto muerto y sin debate, el Senado de Santa Fe culminó el trámite legislativo para la sanción de una ley que busca liberar a jueces penales, fiscales del Ministerio Público y abogados defensores de tareas consideradas burocráticas. de los Servicios Públicos Provinciales de Defensa Penal y de la Policía. Se busca “optimizar el uso de los recursos humanos, respetar los principios constitucionales y mejorar el sistema de justicia”, según expresó en Diputados el radical Martín Rosúa, autor de la iniciativa.
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Reforma a la reforma del Código Procesal Penal: por el uso más eficiente de los recursos policiales y judiciales
Se trata de una modificación del recientemente reformado artículo 214 del Código Procesal Penal (Ley 14.258) que previamente pasó el filtro de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja y que logró una rápida aprobación en la Cámara Alta, sin disidencias.
La Legislatura modificó una reforma recientemente votada en el Código Procesal Penal Provincial. Crédito: Fernando Nicola.
Al momento de la media sanción a finales de mayo, seis diputados justicialistas se abstuvieron y los tres del bloque Frente Amplio por la Soberanía votaron en contra. No fue problema para el oficialismo y otras fuerzas más afines al movimiento celeste y al Gobierno nacional reunir 31 votos (Unidos por el Cambio Santa Fe tiene 28 diputados).
Hoy, “en menos de 96 horas, un detenido es llevado dos veces ante un juez y en la primera audiencia, que dura entre dos y cuatro minutos y no hay litigio”, explicó en su momento el diputado. Y aclaró que con la modificación que ahora es ley (sólo queda su promulgación): “No eliminamos la instancia y se puede realizar a petición de las partes”.
No sólo se desviaron recursos del AMP. Asimismo, un vehículo policial deberá transportar al detenido al edificio del Juzgado para comparecer ante el juez y ser conducido de regreso al lugar de detención. En definitiva, “en lugar de intervenir en el control de la calle, un vehículo policial se implica en el transporte y traslado de detenidos”, indicó.
Tal como estaba redactada la norma, generó “un aumento exorbitante en el número de audiencias para procedimientos de cumplimiento obligatorio”, que ocuparía, de no corregirse, “gran parte de la agenda diaria que lleva a cabo la Gerencia Judicial, dinamitando así la agenda diaria del sistema”. “.
La nueva ley optimizaría los recursos humanos y mejoraría el sistema judicial. Crédito: Fernando Nicola.
Con la modificación que modifica la reforma realizada hace apenas un par de sesiones, la audiencia de control de legalidad de la detención del imputado se realizará cuando lo solicite el imputado privado de su libertad. No de forma obligatoria ni como “mero ritualismo”, según el promotor de la corrección.
“En todos los casos en que se presente solicitud de parte interesada, el imputado deberá ser llevado ante los tribunales judiciales para que el Tribunal controle sumariamente la legalidad de la detención, lo cual deberá realizarse dentro de las 24 horas siguientes a la formulación de la solicitud de detención. control”, se lee en el nuevo texto
“Ni el Ministerio Público (MPA), ni el Servicio Público Provincial de Defensa Penal (SPPDP), ni los cuerpos policiales asignados, cuentan con los recursos materiales y humanos para enfrentar este incremento exponencial de audiencias diarias”, afirmó Rosúa. .
