Autor: Natalia Trujillo Varela
Se advirtió al ayuntamiento que las viviendas se encuentran en una zona de protección ambiental y con alto riesgo de deslizamientos de tierra.
Tendrá que cumplir con una sentencia de 2015. Los vecinos del barrio afirman que la caracterización fue apresurada.
Durante los próximos seis meses, la alcaldía de Armenia deberá cumplir con el fallo judicial sobre la compra o adquisición de hasta doce viviendas para doce familias que requieren ser reubicadas y que actualmente se encuentran en zona de protección ambiental y zona de alto riesgo. de deslizamiento de tierra, en la comuna 7 del barrio Buenos Aires Bajo.
Esta semana el pleno del concejo autorizó al alcalde a comprar las viviendas y una vez sancionado el acuerdo tendrá un plazo de seis meses para cumplirlo.
LA ORDEN DEL JUEZ
El concejal Germán Darío Grisales Rodríguez, relator del proyecto de acuerdo, recordó las obligaciones de la alcaldía con este caso. “En esa oportunidad el juez ordenó dos cosas, la primera es realizar un estudio de caracterización de las familias que se encuentran en el Bajo Buenos Aires y que se haga la priorización de personas necesitadas de reubicación, como señala la segunda parte del proceso. La frase es, precisamente, la reubicación, el tema es priorizarlos y reubicarlos porque están en zonas de alto riesgo y protección ambiental”.
El concejal Grisales Rodríguez se refirió a las afirmaciones ciudadanas de que el estudio de caracterización se hizo mal y se incluyeron personas que no son de alto riesgo.
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CIUDADANOS EXIGEN GARANTÍAS EN REUBICACIÓN
Vecinos del barrio bajo porteño, como es el caso de Gentil de Jesús Grisales González, aseguraron que tiene como domicilio un cambuche y que vive allí desde hace más de diez años, dijo que es el dueño y poseedor del lote donde vive, y consideró que la alcaldía no está preparada para garantizar a los habitantes las condiciones para evacuar.
“Hasta que la alcaldía no nos dé la seguridad en las garantías que nos va a dar, no vamos a desalojar, hasta que no nos proporcione la vivienda que sea más digna para nosotros, no vamos a desalojar, resulta que la alcaldía estaría incurriendo en delitos porque a pesar de que hace años fuimos beneficiados, no se ha cumplido con su cumplimiento, ya sea por trámites, problemas administrativos, etc. Pedimos que la Defensoría del Pueblo y los medios de comunicación nos vigilen, que tener garantías en el corto, mediano y largo plazo”, afirmó.
Gustavo López, presidente de la JAC del barrio bajo porteño, por su parte explicó que la caracterización realizada por la alcaldía fue apresurada y tomó en cuenta viviendas que no son de alto riesgo.
MÁS CONTROL PARA EVITAR INVASIONES
El concejal José Ignacio Rojas Sepúlveda dijo que es necesario actualizar el estudio de áreas de riesgo en el POT, ya que la ciudad ha ido creciendo en los últimos años y, al menos, actualmente hay un registro por parte de la alcaldía municipal, de hasta 150 asentamientos.
