La Contraloría General de la República (CGR) instruyó dos sumarios administrativos a la Delegación Presidencial de Tarapacá, tras una investigación sobre los recursos públicos utilizados en el servicio de alimentación a la población migrante ubicada en el dispositivo temporal de Playa Lobito, en la comuna de Iquique , entre marzo y septiembre de 2023.
La auditoría se realizó considerando los hechos denunciados por el diputado tarapacá, Renzo Trisotti, en relación a la modalidad de contratación para la prestación del servicio de entrega de alimentos a las personas que se encuentran viviendo en el campamento y/o albergue con financiamiento de la Subsecretaria de la Interior y ejecutado por la Delegación Presidencial Regional de Tarapacá.
El parlamentario indicó que “hay diferencias en las raciones entregadas, donde hay algunas que no están acreditadas por la Delegación, que son casi 4.000, y que incluso se le deben al proveedor. Por lo tanto, se ha ordenado un sumario administrativo”.
“Al mismo tiempo, en este contrato millonario ni siquiera existe una garantía de fiel cumplimiento del contrato como se exige a todo tipo de contratación estatal, y que hasta el día de hoy no se ha cumplido. Todavía hay personas con facultades para transferir recursos públicos, recursos del Estado, pero que ya no forman parte de la Delegación Presidencial. Esto es muy grave porque demuestra una falta de supervisión, una falta de gestión, una falta de control”, añadió.
El Informe Final detalla que la Delegación Tarapacá recibió de la Subsecretaría de Gobernación más de 751 millones para gastos de emergencia, consistentes en el servicio de alimentación de los migrantes que ingresaron y permanecieron en el albergue temporal de Playa Lobito para contar. a partir del 16 de marzo de 2023 y por un período de seis meses.
Según el documento, se evidenció que la Delegación recibió 74.978 raciones de alimentos contratadas a un proveedor para ser distribuidas en el centro de migrantes. En tanto, al 7 de noviembre de 2023 la entidad pagó el valor de 71.070 raciones, es decir 324 millones correspondientes a los reportados en las listas de entrega de alimentos a migrantes, produciendo una diferencia de 3.908 raciones no pagadas al proveedor. , por la suma de 17 millones, y no se demostró el destino final de esas raciones adeudadas.
La Contraloría manifestó que esto incumplió el artículo 95 de la entidad y las normas de Procedimientos en Materia de Rendición de Cuentas, por lo que solicitó iniciar un sumario administrativo para determinar la posible responsabilidad administrativa de los funcionarios que debían velar por la correcta administración de dichos recursos.
Por otra parte, de las 71.070 raciones de alimentos pagadas por la Delegación, y apoyadas con listas de entrega de alimentos, la Contraloría observó una diferencia en el conteo de menos de 9.888 raciones por la suma de 46 millones, producto de diferencias detectadas en responsabilidad. lo cual no coincide con el artículo 95, y la resolución 30 del ente de control, por lo que la Delegación deberá incluir este hecho en el sumario administrativo previamente ordenado.
El ente fiscalizador también confirmó que la Delegación Presidencial de Tarapacá presentó la garantía de fiel cumplimiento luego de la entrada en vigor del acuerdo y la prestación de los servicios, por ello estableció el inicio de un sumario administrativo para determinar las responsabilidades por el retraso. en la presentación de dicha garantía para el contrato.
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