Alrededor de 300 niños, niñas y adolescentes de instituciones educativas de las zonas rurales de Policarpa, Cumbitara, La Unión, La Llanada y El Rosario (municipios de Nariño) están viendo vulnerado su derecho fundamental a la educación, lo que también implica un impacto en el libre desarrollo. de su personalidad y el disfrute de una formación integral.
La Defensoría del Pueblo, con el apoyo de su Delegada de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y su Dirección Regional Nariño, ha realizado varios análisis que revelan la escasez de docentes para brindar servicios educativos. Una de las causas es que no se ha tenido en cuenta la ubicación de los centros educativos que se encuentran en zonas de difícil acceso y el desarrollo del conflicto armado.
“El Ministerio de Educación y las entidades departamentales de Nariño deben poner en funcionamiento planes prioritarios articulados que permitan el regreso a clases presenciales, máxime cuando se trata de menores de edad, sujetos de especial protección constitucional”, es el llamado de la Defensoría del Pueblo. Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Situación en Cumbitara
En Cumbitara, según información reportada a la Defensoría del Pueblo por la coordinación de educación de la Alcaldía, las instituciones Santa Rosa, Pizanda, Sidón y San Pedro no cuentan con docentes en varias áreas debido a renuncias, falta de reemplazos y terminaciones de contratos.
En el colegio San Pedro tres sedes no han iniciado clases por falta de docentes, por lo que 52 niños se encuentran afectados. Dos localidades de Pizanda (Aminda y La Herradura) y otras cuatro del colegio de Sidón (San Agustín, Monte Alto, El Placer y El Pinde) tampoco han iniciado clases, lo que, como consecuencia, afecta a 18 y 33 alumnos, respectivamente.
¿Qué pasa en La Llanada?
Hay cuatro locales cerrados de la Institución Técnica Agropecuaria Rodrigo Lara Bonilla, es decir, 87 estudiantes no están recibiendo educación.
Padres de familia de los centros educativos de San Sebastián Sede 2 y El Palmar, de la vereda El Prado, así como del Centro Educativo María Auxiliadora, de la vereda La Florida, y de Rodrigo Lara Bonilla, dijeron a la entidad nacional de derechos humanos que Necesidad de que las entidades departamentales ayuden a restablecer las clases presenciales, debido a que la metodología educativa adoptada, a través de guías que se elaboran en casa, ha demostrado ser insuficiente e ineficiente para garantizar el aprendizaje de sus hijos.
Panorama en La Unión, Policarpa y El Rosario
Aunque los menores están recibiendo clases, persiste la falta de docentes y personal administrativo. En una sede de la Institución Educativa Juanambú, en el municipio de La Unión, se encuentran desaparecidos dos docentes y cuatro conserjes. En Policarpa, que enfrenta una situación crítica por el conflicto armado, su institución educativa carece de docentes.
En El Rosario, las instituciones Santa Rosa de Lima, Nuestra Señora del Carmen y Sagrado Corazón de Jesús y los centros educativos Los Pinos y San Miguel presentan escasez de docentes, especialmente para la primaria.
“El panorama, que nos preocupa como Defensoría del Pueblo, nos obligó a interponer acciones constitucionales, para que se garantice efectivamente el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes. Para nosotros es urgente que quienes no han podido regresar a clases puedan hacerlo, y que quienes necesitan docentes puedan contar con ellos lo más pronto posible”, dijo Carlos Camargo Assis.
Fuente y foto: Defensoría del Pueblo
