FOTO: Gobierno de Antioquia – Policía de Carabineros
Foto de un sobrevuelo a sitios donde se realiza minería ilegal en Antioquia, y los más buscados para la actividad. De arriba a abajo y de izquierda a derecha: Luis Carlos Berrío Campo, Juan Fernando Gutiérrez Builes, Esteban Sánchez Soto, Andrés Felipe Úsuga, Daniel Fernando Uribe Moreno.
Controlan la extracción en las minas a las que piden un ‘diezmo’ sobre la producción.
En la lucha contra la minería ilegal, las autoridades han centrado sus esfuerzos en cinco zonas que concentran los mayores daños (1. sur de Córdoba, bajo Cauca y sur de Bolívar; 2. Chocó; 3. Cauca y Nariño; 4. Amazonas, Putumayo y Caquetá 5. Guanía y frontera con Venezuela).
Hoy, en dos de ellos, Nariño y Antioquia, se identificaron los pasos de los cinco ‘zares’ de la minería ilegal más buscados por las autoridades, y que están en la mira de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental (Dicar) de la Policía Nacional, que lidera las investigaciones sobre este tipo de delitos.
El primero es Esteban Sánchez Soto, quien desde 2017 estaría utilizando maquinaria pesada, mercurio y cianuro para explotar oro en el Triángulo de Telembí, que incluye los municipios de Barbacoas, Roberto Payán y Magüí Payán (Nariño).
En el cartel de los más buscados también aparecen Andrés Felipe Úsuga Oquendo, a quien el ‘clan del Golfo’ habría confiado el control de la explotación ilegal y los patrullajes en Ituango (Antioquia); y Juan Fernando Gutiérrez Builes, quien habría sido designado para controlar la minería en el suroeste antioqueño.
Dicar también está tras la pista de Luis Carlos Berrío Campos, designado comandante de zona de la subestructura ‘Edwin Román Velásquez Valle’ del ‘clan del Golfo’, con influencia en el occidente antioqueño, en la que Berrío estaría a cargo del control minero. La lista la completa Daniel Fernando Uribe Moreno, acusado de ser campanero de la misma subestructura del ‘clan del Golfo’ para el control de la minería.
En zonas de Antioquia existe un arraigado involucramiento del ‘clan del Golfo’ con la minería ilegal, incluso se ha documentado que el grupo envía ‘patrulleros’ que están todo el tiempo en las minas monitoreando cuánto oro se extrae por semana, información con la que luego se calcula el ‘diezmo’ (extorsión) que deben pagar los mineros.
Además, Dicar rastrea zonas de explotación en Buriticá, Caucasia y Nechí (Antioquia) en las que el ‘clan del Golfo’ tendría incluso “administradores” mineros que son miembros activos del grupo.
Pero esta no es la única estructura criminal que se enriquece con esta actividad, ya que según Dicar, en al menos 170 municipios con presencia de grupos armados organizados también existen centros mineros en los que las organizaciones armadas exigen pagos del 10 por ciento del monto. producidos, cobran por “permisos” para permitir que los mineros entren y operen la maquinaria, y por “proteger” los sitios mineros.
En regiones como el departamento del Chocó, donde la principal influencia es del ELN, lo que se ha identificado es que esta guerrilla establece una cuota de extorsión mensual, que incluye ‘protección’ a mineros y máquinas; y en las zonas de explotación del sur del país, que se encuentran en el área de influencia de distintas disidencias de las Farc, los cobros también son mensuales y también incluyen ‘protección’ contra el accionar de la Fuerza Pública.
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