Leonardo Pérez Medina, director encargado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, de la Regional Magdalena y otros tres funcionarios de dicha regional, fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República, por presunta comisión de delitos cometidos en la contratación para el cuidado de NIñez temprana.
Según la conocida denuncia presentada por directivos de la Supervisión del Programa de Alimentación Escolar del ICBF, involucra al técnico jurídico Edgar Velázquez, Karen Diana Eguis Molina en su calidad de coordinadora de Asistencia Técnica y al profesional universitario del Grupo Jurídico de la regional Robinson de Ashfield.
Las personas antes mencionadas presuntamente incurrieron en varias irregularidades al contratar atención a la primera infancia a su discreción con fundaciones que no cumplen con los requisitos, desconociendo la circular emitida por la dirección nacional para la contratación de estos servicios.
Hace varios días, la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación preliminar en la delegación regional Magdalena del ICBF por la presunta adjudicación de contratos por 42 mil millones de pesos, tras denuncias reveladas.
La denuncia señala que, “en particular, el director de dicha regional, Pérez Medina, ha sido acusado de contratar de manera discrecional con fundaciones que no cumplen con los requisitos para contratar con el ICBF”.
Asimismo, advierte que estas decisiones comprometen más de cuarenta y dos mil millones de pesos. Esta denuncia busca informar al organismo fiscal sobre la forma en que se realizó la contratación y cuestionar por qué Pérez Medina decidió ignorar la circular emitida por la dirección nacional para la contratación.
“Edgar Velázquez y Karen Diana Eguis Molina, con su vasta experiencia en la institución, establecieron contacto con los representantes legales de las fundaciones contratistas. Estos últimos, al escuchar las propuestas de Edgar Velázquez y Karen Eguiz Molina, no dudaron en aceptar y acceder a la entrega de sobornos a cambio de mantener los contratos”, señala la denuncia en uno de sus apartados.
A partir de lo anterior surgió una red, integrada por varios funcionarios regionales y los representantes legales de las fundaciones.
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