La Procuraduría General de la República emitió una alerta sobre la inminente suspensión del Programa de Alimentación Escolar
(PAE) en 35 ciudades y municipios del país.
Esta situación se debe a la finalización de los contratos o su proximidad a su vencimiento, lo que no sólo pone en peligro la continuidad del servicio, pero también el derecho a la alimentación de más de 652.964 niños y adolescentes.
Entre las entidades afectadas se encuentran SabanetaSogamoso, Zipaquirá y Cartago, cuyos contratos vencieron en marzo.
Estas cifras alarmantes se establecieron gracias a los informes elaborados por funcionarios de las propias Entidades Territoriales Certificadas y no certificadas.así como la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar.
Ante este escenario crítico, la Fiscalía General delegada solicitó información a las autoridades respectivas sobre el estado y avance de los nuevos procesos contractuales.
Además, la Procuraduría solicitó que los nuevos contratos garanticen la prestación del servicio durante el resto del calendario escolar para evitar riesgos de interrupción.
Asimismo, el Ministerio Público ha requerido explicaciones a las entidades por motivos operativos, técnicos y legales que han hecho que el proceso se ralentice.
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