El anuncio del Gobierno de Gustavo Petro, a través de su Ministro de Defensa Iván Velásquez, de que “habrá negociaciones de paz” con la Segunda Marquetalia, una de las ramas de las disidencias de las FARC lideradas por alias ‘Iván Márquez’, debe tomarse con Precaución en regiones como el departamento del Huila.
Si bien cualquier intención de promover canales de entendimiento y reconciliación con grupos armados ilegales es plausible, el precedente histórico y actual lleva a recibir con reservas acercamientos con ‘Márquez’.
En el pasado, el Gobierno de Andrés Pastrana emprendió conversaciones de paz con la entonces guerrilla de las FARC. Su generosidad llevó incluso a que una extensa región del Caquetá y Meta fuera declarada zona de desmonte. Este hecho fue aprovechado por el grupo ilegal para fortalecerse. La vecindad con ese territorio generó enormes daños económicos, sociales y de seguridad al Huila. Neiva fue un epicentro permanente de ataques terroristas, secuestros y extorsiones. El empleo cayó dramáticamente.
Más de 20 años después, algo similar está sucediendo en el Gobierno de Gustavo Petro, quien desde finales de 2022 habla de paz con las disidencias de las FARC al mando de ‘Iván Mordisco’. Este grupo ilegal, que nunca aceptó el acuerdo de paz firmado durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, ha aprovechado el alto el fuego para fortalecerse y el Huila ha sido uno de los más afectados. Su expansión es innegable.
Por ello, es clave que se establezcan reglas claras para evitar que los diálogos de paz con la Segunda Marquetalia de ‘Márquez’ acaben propiciando su fortalecimiento. Hoy, este grupo ilegal se encuentra diezmado y en el caso del Huila su presencia se limita prácticamente al municipio de Algeciras.
El gobernador Rodrigo Villalba y otras autoridades regionales y municipales deben estar atentos al desarrollo de las negociaciones con ‘Iván Márquez’ y no tener miedo de fijar posiciones a favor de la seguridad y el bienestar de los huilenses.
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