El diputado (RN) Frank Sauerbaum presentó una solicitud urgente a la Contraloría Regional de Ñuble, con el fin de investigar un posible conflicto de intereses en la contratación del ingeniero Carlos Araya, actual titular de la Secretaría de Planeación (Secpla) del Municipio de Chillán, tras la solicitud del administrador municipal, Richard Guzmán.
Según información presentada por el parlamentario, Araya y Guzmán habrían formado una sociedad comercial privada, por lo que, jurídicamente, no corresponde que Guzmán, en su calidad de administrador, haya solicitado que su socio sea contratado para este cargo público.
Con motivo del inicio de esta investigación, la Contraloría Regional, además de informar al municipio sobre el sumario, al mismo tiempo, decretó la suspensión provisional de Guzmán, por un período que podría extenderse incluso por unas tres semanas.
Quien sustituirá a Guzmán en sus funciones municipales será la asesora jurídica, Roxana Lizama.
Una empresa sin actividades
Una vez hecho público el caso del administrador suspendido, Richard Guzmán convocó a una conferencia de prensa para explicar que la empresa que montó con Carlos Araya nunca operó, por lo que en la práctica nunca han sido socios.
“Esa empresa la montamos como SPA en 2017, cuando apareció esa posibilidad llamada Tu Empresa en un Día, que era un trámite que se hacía online en cinco minutos. Tenía 26 años y Carlos me sugirió montar esta empresa de aire acondicionado. Pero luego él se va a trabajar a Renca y yo me voy a otro lado, entonces ni siquiera alcanzamos a hacer el turno de actividades. “Esa empresa nunca tuvo ningún movimiento”, explicó.
Luego de realizar el trámite en línea para dar de baja a la empresa, Guzmán comentó que “ahora espero llevar toda la información a la contraloría para que esto se resuelva y aclare a la brevedad”.
Para el diputado Sauerbaum, sin embargo, que la empresa haya tenido o no actividad financiera no es motivo para no solicitar la investigación.
“El problema es que la sociedad sigue vigente y él ha intervenido, abiertamente, a favor de su socio que hoy trabaja en el municipio”, explicó.
El parlamentario se basa en el artículo 62 de la Ley 18.575 (Administración del Estado) para acusar faltas a la probidad en este caso.
“Intervino directamente donde tenía un interés personal. Legalmente siguen siendo socios, porque la sociedad está vigente”, afirmó.
Opiniones divergentes en el consejo
Aunque no ha habido ninguna notificación oficial sobre la suspensión de Guzmán del concejo municipal, evidentemente los concejales se enteraron de lo sucedido con el tiempo. Como era de esperarse, hubo diferentes posiciones respecto al caso.
Para José Careaga, “aquí se ratifica lo que al menos yo siempre he criticado durante esta administración. Independientemente de si la sociedad en cuestión ha funcionado o no, está claro que aquí Guzmán pidió que se contratara a un amigo suyo. En este municipio se contrata a amigos y familiares”.
Una visión diferente, sin embargo, es la que propone su par Patricio Huepe. “Primeramente quien contrata es el alcalde y no el administrador, entonces no veo mayor problema en contratar a Carlos Araya. Y segundo, quizás el error de Richard Guzmán fue no haber hecho el proceso de baja de esa empresa, entonces quizás hubo un error administrativo, no creo que esto dé lugar a una sanción, me parecería desproporcionado”.
