La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación contra funcionarios del ICBF Magdalena, por presunto direccionamiento de contratos por $42.000 millones.
Según la denuncia conocida por el Ministerio Público y difundida por los medios de comunicación, la dirección regional de esa entidad habría ignorado las instrucciones dadas por la Dirección General del ICBF para contratar los servicios de educación básica para la primera infancia de Casas de Bienestar Comunitario, que establece que dichos contratos deben realizarse con Asociaciones de Padres de Familia (APF) o con grupos étnicos.
El equipo directivo de esa región habría otorgado más de $42.290.000.000 a las mismas fundaciones que desde hace tiempo operan este servicio, a pesar de que las asociaciones de etnias de la región (Organizaciones Indígenas, asociaciones de padres y madres de usuarios del servicio o madres comunitarias) estaban debidamente legalizadas para contratar.
Entre las pruebas solicitadas por la Procuraduría General de la República se encuentran el listado de contratos entregados directamente por la dirección regional, así como un informe que determine los funcionarios que han participado en dichos procesos de contratación durante la actual administración.
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