El general será formalizado el próximo 7 de mayo, luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago declarara inadmisible un último recurso interpuesto por su defensa para evitar la justicia.
Yáñez se desempeñó como jefe de Orden y Seguridad de la policía militarizada durante el gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022), y posteriormente fue ascendido al más alto cargo de la institución.
La Fiscalía pidió procesarlo por el delito de omisión de “presiones ilegítimas con resultado de lesiones graves y homicidio” ocurrido durante las protestas iniciadas en octubre de 2019.
Estas manifestaciones contra las desigualdades sociales y el modelo neoliberal fueron reprimidas violentamente por las fuerzas de seguridad, lo que provocó alrededor de 30 muertos y miles de heridos, incluidos más de 400 con daños oculares.
Un informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU reveló un uso excesivo o innecesario de la fuerza que provocó privaciones de vidas, lesiones, torturas y malos tratos, violencia sexual y detenciones arbitrarias.
La investigación se centró en la policía y el ejército por no respetar las normas y estándares internacionales en materia de uso de la fuerza. Medios aseguran que el jefe policial renunciará antes de sentarse en el banquillo, sobre todo porque el Gobierno expresó que cualquier autoridad formalizada debe abandonar el cargo.
Esta semana organizaciones de derechos humanos entregaron una carta en el Palacio de La Moneda dirigida al presidente, Gabriel Boric, exigiendo la renuncia de Yáñez y otros altos funcionarios policiales.
“Es un deber legal y ético que el general Yáñez asuma sus responsabilidades y responda por los cargos que se le imputan. No puede seguir evadiendo la justicia. Dada la relevancia del cargo que ocupa, debe dimitir”, afirma la carta firmada por más de 70 colectivos.
jha/coche
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