A principios de abril, el fondo Burford Capital pidió a la jueza de Nueva York Loretta Preska que autorizara la entrega a su favor del 51% de las acciones de YPF propiedad del Estado argentino desde su expropiación en 2012. El recurso había sido presentado de manera confidencial y ayer se anunció que el Estado tiene hasta el 16 de mayo para oponerse.
El fondo Burford es propietario de los derechos de Petersen Energía, Energía Inversora y Eton Park, los demandantes en la demanda que lleva más de 9 años pendiente y se encuentra en proceso de apelación. Habían presentado dos mociones: una era conservar el paquete compartido y el otro fue mantener la reserva de la solicitud, lo que no permitió ni a la empresa ni al Estado acceder a la información.
Tanto el Estado como YPF presentaron una solicitud para que se hiciera pública, la cual fue aceptada por Preska. El 22 de abril se dio a conocer que los demandantes solicitaron la entrega de las acciones clase D que tiene el Estado por “cumplimiento parcial” del fallo de la Corte.
El país tiene hasta el 16 de mayo para presentar su oposición a la moción. Mientras que los demandantes tienen hasta el 30 de mayo de 2024 para presentar su escrito de réplica.
Después de ambas instancias, el Tribunal de Distrito podría celebrar audiencias orales antes de emitir una decisión sobre la moción de los demandantes. Según el caso, la determinación podrá ser apelada por los demandantes o por el Estado conforme a las normas procesales aplicables.
La moción, conocida el pasado viernes, se basa en el incumplimiento del fallo de primera instancia que obliga al país a pagar 16.100 millones de dólares. Juez Loretta Preska condenó al país por el “trato desigual” a los accionistas minoritarios de YPF en el momento de la nacionalización, en 2012.
En marzo se conoció que habían llegado los pedidos de reconocimiento de la sentencia, paso previo a los pedidos de embargo de bienes del Estado. Argentina apeló la medida, pero no presentó garantías por los US$ 16 mil millones, lo que motivó el pedido de embargo y el pedido de transferencia de acciones.
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