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La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el exalcalde de Jericó, Antioquia, Jorge Pérez Hernández, y su exsecretario de Planificación (entre el período 2016-2019), por presunta fraccionamiento del contrato de mantenimiento y adecuación en las instituciones educativas rurales de la población.
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Según la investigación del ente de control, Se habían presentado irregularidades en la contratación de obras en las instituciones de las veredas del municipio., al recurrir a la modalidad de selección abreviada y no a la contratación directa. Según el auto, los valores de los contratos eran de cuantías mínimas, por lo que no se podía garantizar el principio de transparencia en la contratación estatal.
Para la entidad, los exfuncionarios, presuntamente, Ignoraron el principio de igualdad en los tres contratos firmadosdonde se pudo observar que, al parecer, los valores de cada uno de ellos fueron divididos, para evadir el procedimiento de selección abreviado.
La Procuraduría General de la República calificó la conducta del exalcalde y exsecretario de Planificación como una falta muy grave, con el título de falta muy grave.
Pero esta no es la primera vez que la entidad pone la lupa en el accionar de Pérez Hernández, quien nuevamente aspiró a ser Alcalde de Jericó en 2023 pero solo obtuvo 124 votos.
Hace un año la Fiscalía General lo acusó por supuestamente reproducir un acto administrativo anulado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
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En una primera posición, El expresidente fue reprochado por la sanción que impuso al Acuerdo 010 de 2018, que establecía disposiciones y prohibiciones que buscaban defender el patrimonio ecológico y cultural de Jericó, a pesar de que el Tribunal Administrativo de Antioquia ya había declarado la nulidad del Acuerdo 009 de 2017 mediante el cual se dictaron otras medidas para la defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio, y que sirvió de base para el nuevo Acuerdo.
En segundo lugar, el ente de control cuestionó a Pérez Hernández, quien, al parecer, podría haber incurrido en prevaricación por acción al emitir el documento 001 mediante el cual habría ordenado el cese de actividades mineras en una finca del distrito del Cauca. Sin embargo, luego de que esta decisión fuera anulada por Corantioquia, el exalcalde habría firmado otro acta (002) con el mismo propósito, pero esta vez en un predio del distrito de Quebradona.
