Walter Sebastián Barco fue Jefe del Departamento de Investigación Operativa de la Región 1 de la policía provincial y Hernán Ceferino Galán fue Jefe de la División de Homicidios de la Agencia de Investigación Criminal en 2022. Ambos tenían carreras en ascenso y un futuro prometedor, pero el 19 de mayo de Ese año todo se derrumbó de forma inesperada y brutal. La Justicia Federal los acusó de “encubrimiento agravado por ser funcionarios públicos” respecto de la investigación del crimen del agente Hugo Oldani, ocurrido la tarde del 11 de febrero de 2020 en la zona centro de la capital provincial. Ahora, se determinó que “las pruebas” que los incriminaban en realidad los eximían de cualquier responsabilidad.
El episodio por el que Barco y Galán fueron procesados tuvo lugar en el edificio donde se cometió el homicidio, apenas unas horas después del asalto. En ese momento desaparecieron de la escena del crimen billetes nacionales y extranjeros por valor de millones, los cuales se encontraban dentro de la caja fuerte del local (más de 3 millones de pesos y más de un millón de dólares, según estimaciones que se hicieron con base en una fotografía). tomadas por peritos en criminalística).
Todo ocurrió durante una diligencia en la que estuvo presente la fiscal del caso, Cristina Ferraro, quien autorizó a los familiares de la víctima a ingresar al despacho presuntamente sólo para recoger documentación. Por el incidente, el funcionario del Ministerio Público quedó en la mira de la Justicia Federal, que supone que en el lugar funcionó una “cueva financiera” y que el dinero “desaparecido” era de procedencia ilícita. Un familiar de Oldani, un amigo y un empleado de la agencia también fueron procesados por “encubrimiento, agravado por ánimo de lucro”.
Barco y Galán fueron acusados de “inutilizar parte del material fílmico que habría servido como prueba ante la autoridad competente, al desconectar la cámara número 6 del circuito cerrado instalado en la Galería ‘Rivadavia’ de la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe, el 11 de febrero de 2020 a las 21.59, el cual tuvo como objetivo captar imágenes del pasillo que conduce al hall ubicado frente al local de la firma, mientras actuaban como asistentes de la fiscal Cristina Ferraro”.
La supuesta acción ilegal había sido captada por otra cámara que apuntaba a la cabina en la que se encontraba la grabadora de todo el sistema de filmación.
No hay video
La principal prueba que se tuvo en cuenta para procesar a Barco y Galán fueron esas imágenes, en realidad una interpretación de las mismas porque el vídeo desapareció. Un informe de la Agencia de Investigación del Ministerio Público dictaminó que los dos policías, entonces jefes de la Policía de Investigaciones, fueron vistos manipulando el dispositivo en el momento en que se disparó una de las cámaras.
En dicho documento se indicó: “en la imagen se puede ver a personal de la PDI, quien estaría sosteniendo una carpeta en la mano, y Barco con un teléfono en la mano. Además, un hombre con suéter de rayas, shorts y mocasines que no pudo ser identificado”, para luego señalar que a las 21:56 “en la imagen se ve al varón antes mencionado vestido con suéter de rayas, shorts y mocasines , agachándose en el lugar donde se encuentra el DVR que conecta las cámaras de la galería donde “ocurrió el hecho objeto de la investigación (…) Minutos después de que el hombre antes mencionado se inclina hacia el DVR, la cámara 6 deja de funcionar. “
Los vídeos en cuestión aparecieron a finales del año pasado. La fiscalía del Dr. Walter Rodríguez solicitó entonces colaboración a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Criminal del Ministerio Público Fiscal de la Nación (DATIP), con el fin de analizar las imágenes.
El Laboratorio Forense Multimedia del citado organismo concluyó que ninguna de las personas analizadas presenta rasgos faciales y fisionómicos que coincidan con los de los policías Barco y Galán.
Ante esta nueva prueba, la Fiscalía falló a favor de los imputados -que estuvieron representados en el juicio por los abogados Hilda Knaeblein y Sebastián Gervasoni- y el Juzgado Federal N°2, a cargo del juez Aurelio Cuello Murúa, los sobreseyó.
