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Sobre las perspectivas de desarrollo de la construcción de viviendas en Cuba, y las iniciativas y desafíos de la estrategia nacional para mejorar el fondo habitacional del país y eliminar la precariedad que hoy existe en este ámbito, debatieron este lunes los diputados de la Comisión de Industria, Construcciones y Energía, junto a directivos del Ministerio de la Construcción (Micons).
En el Salón Baraguá del Capitolio Nacional, Magda Ileana Pérez Matos, presidenta de la referida comisión permanente de trabajo del legislativo, explicó la relevancia del canje, en cumplimiento del Plan de Medidas derivado de las recomendaciones, luego del ejercicio de las más altas supervisión de los Micons y dar respuesta al acuerdo IX- 95. Agregó que la organización, como ente rector de la actividad, tiene la responsabilidad de informar y responder a los representantes del pueblo, así como evaluar periódicamente ante ellos, en relación al avance de los principales programas en este sentido.
“Un tema que ha recibido, desde la legislatura anterior, toda la prioridad y atención permanente de la Asamblea Nacional del Poder Popular”, subrayó, al tiempo que definió el delicado problema como uno de los mayores insatisfacciones y demandas de los diputados, cuando en 2024 – trascendió en la reunión – no se logrará el impulso necesario, ni la integralidad urgente en acciones para la rehabilitación y conservación de bienes en los territorios.
Para Marta Hernández Romero, coordinadora de las Comisiones de Trabajo del Parlamento, este es un asunto urgente que debe recibir una mirada distinta del compromiso y responsabilidad de sus directivos, con una acción cohesiva, pensada con la participación de la población y con la mayor sensibilidad posible. .
Al intervenir Dalila Díaz Fernández, directora Nacional de Vivienda, abordó que la Política que supervisa y organiza la actividad, creada hace seis años en Cuba, se proyecta con la participación imprescindible de los gobiernos locales, las entidades nacionales y provinciales y la población. , en correspondencia con la normativa pública y las disposiciones de ordenamiento territorial y urbanístico.
Destacó que leyes y normas como la Ley 145 sobre ordenamiento territorial y urbano y ordenamiento territorial son fundamentales en este camino de institucionalización; Ley 151 Del ordenamiento de los recursos naturales y del medio ambiente; el Plan Estatal de enfrentamiento al cambio climático “Tarea Vida” y el relativo a la implementación de la Nueva Agenda Urbana en Cuba 2017-2036.
La Política de Vivienda en la Mayor de las Antillas, aprobada en 2018, expresó, contiene un programa para la recuperación del déficit habitacional en 10 años, demostrando la voluntad política del Estado de avanzar con base en el precepto constitucional de favorecer ese derecho a la vivienda. todas las personas a una vivienda adecuada y a un hábitat seguro y saludable.
En sus palabras, Díaz Fernández detalló las limitaciones y adversidades dentro de la Política de Vivienda, de líneas básicas que impactan en la atención de barrios en situación de vulnerabilidad, madres con más de tres hijos, comunidades rurales y de difícil acceso. También insistió en la relevancia de avanzar en la estrategia de producción local de materiales de construcción, que constantemente emprenden y evalúan los municipios.
Al cierre de marzo de este año, informó el Director Nacional de Vivienda a los diputados cubanos, en el país se han terminado un total de dos mil 106 inmuebles, 137 celdas de vivienda básica y se han resuelto cinco mil 582 afectaciones por fenómenos climáticos. que si bien no es el resultado deseado ni lo que el pueblo necesita, sí demuestra la prioridad en la delicada tarea en las provincias.
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