En la lupa de autoridades, varios políticos, el análisis

En Cúcuta, Por ejemplo, la ciudadanía exige mano dura en materia de seguridad y aunque el alcalde Jorge Acevedo prometió combatir homicidios y robos, la estrategia no parece dar frutos y, en menos de 4 meses, la alcaldía ha lanzado dos programas diferentes de seguridad ciudadana.

Para el docente y experto en asuntos políticos, Edgar Allan Niño, hay dos aspectos; Por un lado la agenda mediática que deja en mal lugar a Acevedo, y por otro lado está la construcción de planes de desarrollo que han tenido amplia participación, pero no han sabido comunicar los avances.

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“El mesianismo del alcalde no le está favoreciendo en absoluto. Y en el caso del gobernador le falta protagonismo, yendo a las cámaras y diciendo cómo se está enfrentando la inseguridad y cuáles son las iniciativas en el campo. Las comunidades no sienten que los líderes los estén acompañando”, explicó.

Una de las primeras preguntas al alcalde es la supuesta iintromisión en la salida del comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, La coronel Sandra Mora, que había asestado golpes decisivos a bandas criminales y gozaba de la confianza de la ciudadanía.

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Pero las críticas no sólo llueven sobre el alcalde en lo que va de 2024, también caen sobre los 19 concejales, a quienes se acusa de no aplicar el control político que anhelan los cucuteños.

Además, en una fiesta algunos de los concejales se vieron envueltos en una polémica, luego de que se filtrara un video en el que el vicepresidente del concejo celebraba el cumpleaños del secretario de educación y le decía, entre risas, “y seguir robando”, dejando atrás la normalización de actos deshonestos o delictivos en el servicio público. El video fue cuestionado por los ciudadanos, quienes exigieron investigaciones.

“Observamos un Concejo que no está interesado en cuestionar lo que está pasando con el alcalde y por eso son los observadores y líderes comunitarios quienes tienen que liderar esa voz”, dijo Niño.

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El abogado Yefri Torrado explica que los ciudadanos siempre se debaten entre la desconfianza permanente en las instituciones y la esperanza de que alguien venga a cambiar la realidad política.

“Nos entusiasman las elecciones y siempre está la expectativa del recién llegado, aunque sea la tercera vez que se lanza el candidato. Pero a medida que pasa el tiempo, los ciudadanos y las instituciones empiezan a caer en la apatía ante lo abrumadora que puede ser la realidad en muchos frentes y el escaso o nulo impacto de las medidas adoptadas por las administraciones territoriales”, señaló.

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Opositores al alcalde aseguran que Acevedo no ha aclarado el vínculo con Ever Javier Arias, quien denunció ante un juez al presidente por un préstamo de 1.000 millones de pesos, dinero que utilizó para apoyar su campaña política en 2023. Un tribunal ordenó la incautación de El salario de Acevedo.

Por otro lado, el alcalde ha sido criticado por un viaje a Europa que fue autorizado por el gobernador. La salida hacia España encendió las alarmas de los órganos de control, que investigan supuestas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.

“Los escándalos y las denuncias son lamentables. No se puede afirmar categóricamente que se hayan descuidado las necesidades de los ciudadanos. Pero estos “topos” restan legitimidad a los gobiernos territoriales y distraen a los involucrados de sus funciones principales”, añadió.

Y esa es la pregunta que se hacen los nortesantanderianos, hasta qué punto los dirigentes regionales se dedican más a defenderse y no a gobernar.

“En un modelo republicano, cualquier irregularidad o cuestionamiento contra un gobernante tendría como resultado que el involucrado se destituyera del cargo por un deber moral. Pero nunca o casi nunca, en lo que a mí respecta, ha pasado así”, dijo Torrado.

Esta semana el alcalde realizó una llamada a la abogada Margarita Cabello, en la que aseguró siendo víctima de persecución política por parte del fiscal regional Omar Javier García.

El coordinador de la Misión de Observación Electoral en Norte de Santander, Jairo Oviedo, advierte que la aparente persecución genera incertidumbre entre la ciudadanía y pone en vilo la legitimidad de los gobernantes.

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“El alcalde habla de destitución y sabemos que para que un ente de control tome una decisión de esta naturaleza debe darse el debido proceso y generarse una serie de procedimientos legales contra los cuales el funcionario investigado tiene derecho a interponer recursos legales. y así sucesivamente”, dijo.

Oviedo explicó que el reciente homicidio del observador ciudadano Jaime Vásquez, El 14 de abril reavivó temores y recordó los asesinatos del observador Pedro Durán Franco y del asesor del alcalde Alfredo Enrique Flórez en 2003; ambas muertes asociadas con el exalcalde condenado Ramiro Suárez, quien todavía tiene voz en las decisiones políticas locales.

“Esta combinación de corrupción administrativa, corrupción política, presencia de grupos armados ilegales y criminalidad son un caldo de cultivo que podría regresarnos a tiempos tan oscuros como los que vivió la ciudad hace 20 años y que, por supuesto, esperamos que no se repitan. .” , añadió.

El asesinato de Vásquez mantiene en zozobra a la sociedad civil de Cúcuta, y ha atemorizado a periodistas y otros líderes sociales, quienes no cuentan con esquemas de seguridad o estos han sido retirados por la Unidad Nacional de Protección.

“Durante muchos años, actores ilegales han ejercido un poder de facto, aunque ilegítimo y no siempre con una relación directa con la clase dominante. Este último acaba permeado, asimilado o simplemente prefiere mirar hacia otro lado antes de confrontar. Quienes se atreven a monitorear y denunciar, y han tocado fibras sensibles de ese poder, han terminado muertos, desaparecidos o en el mejor de los casos amenazados o desplazados”, explicó el abogado Yefri Torrado.

La Fundación Progresar insiste en que urge fortalecer los mecanismos de protección y prevención para personas defensoras de derechos humanos, líderes sociales y sindicales, “que cada día arriesgan sus vidas en la búsqueda de la verdad y la justicia”.

En la otra orilla está William Villamizar, quien fue elegido por tercera vez gobernador de Norte de Santander. De finalizar su mandato en 2027, alcanzaría los 20 años en el poder, desde su primera elección en 2008 y con el apoyo que ha brindado a sus ahijados políticos Édgar Díaz y Silvano Serrano, en 2011 y 2019.

Sus dos administraciones anteriores estuvieron llenas de polémicas y por eso el observador Vásquez se convirtió en su principal crítico a través de las redes sociales, donde destacó presuntos casos de corrupción en los que Villamizar y su familia tendrían vínculos.

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El escándalo más reciente a nivel departamental tiene que ver con presuntas irregularidades en la recaudación de impuestos sobre vehículos. Al parecer, en 2018, durante el segundo mandato de Villamizar, se habrían otorgado facultades a Ifinorte para realizar un joint venture con Ap System, empresa que recaudó 18 mil millones de pesos en los últimos cuatro años.

Además, Villamizar es miembro del directorio de Ap System, empresa que habría ordenado el aseguramiento de vehículos con placas extranjeras, violando así la Ley 1386 de 2010, que prohíbe a las entidades territoriales delegar la administración de impuestos a personas naturales. Hasta la fecha los embargos no han sido revocados.

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Otro de los casos más sonados tiene que ver con la Empresas Sociales Estatales Prestadoras de Servicios de Salud (ESE) y el supuesto clientelismo político en torno a los nombramientos de nuevos directivos.

Irregularidades en hospitales de municipios como Ocaña, Ábrego Cúcuta, Tibú y Chinácotahan afectado a varios funcionarios locales e incluso motivaron hace años la investigación del actual representante a la Cámara, Wilmer Carrillo, por la presunta exigencia de sobornos a contratistas.

En total, Willam Villamizar ha tenido más de 60 investigaciones en su contray aunque algunos han sido archivados, Hoy hay 24 casos activos, 4 de ellos ante la Corte Suprema de Justicia; por delitos que van desde contratos sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, corrupción de votantes, prevaricación por acción, entre otros.

David Fajardo, médico y excandidato a la alcaldía, ve con angustia la hegemonía del poder político tradicional y la red de corrupción que malversa las arcas sanitarias en la región.

“Hoy a los políticos no les interesa tener secretarías, prefieren universidades, hospitales, institutos descentralizados o consorcios, buscan dónde se puede hacer contratación directa”, afirmó.

Para Fajardo, las malas prácticas políticas durante las últimas dos décadas y la falta de oportunidades en educación y empleo han extendido una cultura de ilegalidad y violencia.

“Llegar al poder con dinero ilícito o ilegal es muy diferente a ser sincero. Lo que condenamos hoy es muy grave y no se debe únicamente a las elecciones del año pasado, creo que es una acumulación de malas decisiones de los últimos 20 o 30 años”, añadió.

El crimen organizado y las economías ilícitas amenazan con seguir expandiendo su poder en la región. Ahora la violencia no es exclusiva del Catatumbo, sino que se siente con más fuerza en la capital del norte de Santander.

El observatorio de derechos humanos y conflictos de Indepaz, Contabilizó 8 líderes y excombatientes asesinados en Norte de Santander durante 2023, y este año suman dos homicidios.

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“Es necesario que los medios de comunicación vuelquen su atención a lo que piensan las comunidades, los líderes no pueden quedarse solos, necesitan visibilizar las protestas y denuncias que con mucho esfuerzo hacen”, dijo Niño.

Lo más preocupante es que los 10 líderes asesinados han defendido diferentes causas que van desde las comunitarias, las políticas y las medioambientales, dejando claro que los violentos no ceden un centímetro y no dudan en silenciar las voces de quienes expresan su desacuerdo.

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Por ahora, los cucuteños esperan que el plan de seguridad “Cúcuta territorio seguro” dé los resultados esperados y que el gobierno implemente medidas de paz total para negociar la paz con los grupos armados organizados.

Los expertos coinciden en que la delincuencia debe abordarse con un enfoque integral y multidimensional, y que ambos mandatarios tienen que centrarse en delitos de alto impacto como homicidios o hurtos, así como en el narcotráfico y el lavado de dinero, que son el combustible de más de 25 actividades criminales. pandillas en el departamento.

Andrés Carvajal Suárez

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