“Fuimos a solicitar la audiencia pública en el marco de la Carta Orgánica municipal y las ordenanzas 7778, en la que el único requisito es la presentación de avales equivalentes al 3% de los votos de la ciudadanía”, explicó el contador que lidera el grupo que enfrenta la política tarifaria del sector eléctrico de la ciudad. “Superamos las 13 mil firmas, llegamos a las 14 mil”exaltó en declaraciones radiales.
Y ahí mismo, cuestionó la representatividad de “algunos concejales”, pues “son no menos de 14 mil firmas, si lo comparamos con los votos por los que están sentados ahí, algunos llegan con tres mil votos”.
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El trasfondo de la pelea con CALF
Género subió el tono a medida que avanzaba la recopilación del caso. “Nos preocupa que algunos de los concejales sean incapaces de interpretar los textos, de lo contrario no habrían dado los argumentos que dieron para rechazar la audiencia publica. Con ellos se exceden en sus competencias, porque la Carta Orgánica Municipal no les otorga en absoluto la facultad de rechazar la audiencia”, espetó.
Los peticionarios interpretan que es falaz argumentar la negativa de la audiencia en la que planearon la derogación del arancel en ese acto, toda vez que no están autorizados para ello. Género aseguró que la derogación es el objetivo final de la lucha que enfrentó el grupo Magenta, pero de ninguna manera pensaban obtenerla de una vez en la audiencia, sino que esta instancia sería un pilar de la estrategia para terminar en una sesión que elimina la ordenanza que establecía que los socios de CALF debían pagar la deuda con Cammesa.
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Sebastián Fariña Petersen
El contador dijo que el grupo de vecinos está considerando llevar el caso a los tribunales. “Estamos analizando todos los derechos que nos asisten, también tenemos incumplimiento de deberes de funcionario público a plantear”, afirmó.
Todos los dardos de la referencia de los peticionarios fueron para los concejales de la Comisión de Servicios Públicos que se pronunciaron en contra de la audiencia: Atilio Sguazzini (MPN), Daniel Figueroa (MPN), romina miranda (Confluencia Neuquina), José Luis Artaza (Hacemos Neuquén), Santiago Galíndez (MPN), Joaquín Eguía (Hacemos Neuquén) y María Victoria Fernández. (MPN). Si bien a favor de la solicitud expresaron Denise Stillger (Pro) y Priscila Otón (Frente izquierdo).
Entre los argumentos centrales de la postura que se impuso, un comunicado del Concejo destacó que los concejales consideraron que “la audiencia pública solicitada Carece del carácter fundacional previo del instituto.“. Además, aclaran los fundamentos del voto mayoritario, “la solicitud se hizo por un objeto que no se puede realizar; a saber, la derogación de una Ordenanza. Asimismo, se sostuvo que al tratarse de cuestionar una ordenanza –ley municipal-, excede el marco establecido por el artículo 157 de la Carta Orgánica, que ha sido reservada específicamente a los actos administrativos, excluyendo expresamente los actos legislativos”.
