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Oscar Sandes cuando era jefe de Carreteras locales.
El Tribunal de Cuentas había revisado los años 2018 y 2019 y en ellos detectó facturas truchas y varios gastos realizados con fondos de Vialidad Provincial que no tenían forma de justificar. Según detalló, fueron vacaciones, obsequios y cenas que habían generado funcionarios de esa organización.
Se decidió entonces que el titular de la Dirección de Carreteras se hiciera cargo de aquellos gastos que no pudieran justificarse y se le sancionara con la devolución de casi cinco millones de dólares.
En su defensa, Sandes reiteró y estableció en su declaración judicial que las mecánicas que se detectaron implicaban la falsificación de su firma. “El operativo consistió en que la Gerencia de Recursos Humanos, encabezada por la señora Corina Mercedes Gallardo, emitió formularios P-18 (solicitud de notas de gastos) acompañados de facturas cuyos montos estaban adulterados o no vigentes (CAI caducados adulterados). , se simuló y falsificó la firma del administrador y los fondos fueron liberados en efectivo y no en cheque como correspondía, de acuerdo con las normas y usos y prácticas vigentes.
También señaló que ordenó la apertura de un procedimiento administrativo, nombró una comisión investigadora y denunció penalmente la estafa. En medio de esa investigación le pidió al gobernador, en ese momento la primera administración de Alfredo Cornejo, que suspendiera a Corina Gallardo.
También agregó que en declaración notarial Corina Gallardo reconoció que había falsificado sus firmas sin su consentimiento en las facturas adulteradas bajo análisis. Este reconocimiento se realizó ante la notaria Rosa Aurora Amaya Blasco, solicitando gratuitamente copia del testimonio pertinente.
Sin embargo, el Tribunal de Cuentas señaló en su sanción que Sandes era responsable de Vialidad Provincial, y que por el cargo que desempeñaba debía controlar el uso de los fondos emanados de ese organismo estatal.
En el mismo sentido, la Fiscalía del Estado señaló en su momento que las “irregularidades sucedieron ante sus ojos y fueron justamente advertidas por el propio Tribunal de Cuentas, lo que demuestra una clara negligencia en el ejercicio de su cargo, ya sea por acción o también por la omisión del debido control”.
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Sede de la Dirección Provincial de Carreteras.
Los argumentos de Llorente para salvar a Sandes
“La sentencia aquí cuestionada es manifiestamente arbitraria”, comenzó diciendo el juez en sus alegatos. pedro llorente en tu voto.
En la justificación de su voto marca “la inconsistencia de atribuir responsabilidad al señor Sandes aún después de reconocer que su firma fue falsificada por otra persona y la omisión de cualquier análisis de la actividad y procedimientos realizados por quien fuera administrador de la DPV para investigar lo sucedido en relación con los acontecimientos analizados. ”.
Y destaca que “las irregularidades denunciadas parecerían ser de la competencia de los funcionarios que estaban a cargo del sector contable y de Hacienda del organismo en cuestión”, apartando a Sandes de esa responsabilidad.
Con base en lo anterior, Llorente concluyó que “la decisión es ilegítima por ser disconforme con las circunstancias de hecho y con el derecho aplicable, y por carecer de motivación suficiente, por lo que procede admitir la acción, declarando la decisión contenida en el sentencia número 17.357 en relación con el señor Sandes.
Por tanto, la sentencia del Tribunal que anuló la sentencia del Tribunal de Cuentas sólo beneficia a Sandespero no el resto de los exfuncionarios de Vialidad Provincial sancionados por las irregularidades detectadas.
La jueza María Teresa Day adhirió a esa decisión.
