La situación de orden público en el departamento del Cauca continúa siendo motivo de gran preocupación, especialmente para las comunidades rurales e indígenas.
El domingo 21 de abril, el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) denunció el secuestro de dos comuneros pertenecientes al resguardo San Andrés de Pisimbala, en Inzá, Cauca. Los ciudadanos fueron identificados como Luis Ángel Liz y Estiven Quinto.
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Los comuneros desaparecidos fueron reportados por última vez por sus familiares alrededor de las 10:17 de la mañana, cuando viajaban desde La Plata, Huila. En su comunicación, los dos miembros de la comunidad señalaron que estaban retenidos en contra de su voluntad, lo que encendió las alarmas en el resguardo.
Luego, la autoridad local y la guardia indígena se trasladaron al lugar y, horas después de recibir el llamado de los secuestrados, encontraron abandonada la camioneta en la que viajaban.junto con el celular de uno de los comuneros.
Según el comunicado del Cric, Luis Ángel Liz vestía una ruana, mientras que Estiven Quinto vestía una campera negra. La organización ha hecho un llamado urgente a las autoridades y a la guardia indígena para activar mecanismos de búsqueda en todo el territorio. “Exigimos respeto a la vida e integridad de nuestros comunitarios secuestrados y su inmediato regreso a sus hogares y comunidad”, concluye el mensaje del Cric del domingo 21 de abril.
“Responsabilizamos a la columna Dagoberto Ramos (frente de las disidencias del Estado Mayor Central de las FARC) por los daños físicos y psicológicos sufridos por nuestros comunitarios”indicaron en un nuevo comunicado este lunes 22 de abril. En el mismo, informaron que las autoridades afiliadas a la asociación Juan Tama y Nasa Cxhacxha ingresarán a minga permanente y realizarán una movilización, recorriendo el territorio, para localizar a los comunitarios que fueron secuestrados por ese frente guerrillero.
Leonardo González, director de la fundación Ideas para la Paz (Indepaz) compartió el mensaje de la comunidad indígena, pidiendo a las autoridades atender la situación. Cric agregó: “Hacemos un llamado humanitario al gobierno nacional e instamos a la comunidad internacional a pronunciarse contra los actos sistemáticos de violencia”.
Este acto de violencia se suma a una serie de ataques recientes contra la población indígena del Cauca, que se ha visto afectada por la presencia de diversos grupos armados ilegales.
Uno de los más graves ocurrió a mediados de marzo, cuando el autoproclamado Estado Mayor Central, de las disidencias de las Farc, atacó a la minga indígena en Toribío, Cauca.. El grupo armado intentó reclutar a dos menores y, ante la negativa de la comunidad, les dispararon; La situación terminó con el asesinato de Carmelina Yule Paví, líder del resguardo.
Por ello, el Gobierno emitió el Decreto 0385 del 17 de marzo de 2024, que dispone la suspensión del cese al fuego bilateral entre el Estado y las Disidencias del Estado Mayor Central (EMC), que entró en vigor el pasado miércoles 20 de marzo.
“En consecuencia, el reanudación de operaciones militares ofensivas y acciones policiales (…) contra las estructuras del Estado Mayor Central de las FARC-EP presentes en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca”, especifica el documento.
Además de la presencia del EMC, la guerrilla del ELN, bandas criminales locales y el Ejército Nacional también han incrementado los combates en la zona. Estos enfrentamientos han dejado a la población civil en una situación vulnerable y en constante riesgo.
