En el encuentro, que se realizará en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), participarán representantes de los países miembros de ese tratado, organismos regionales e internacionales y de la sociedad civil.
El encuentro se extenderá hasta el 24 de abril y allí se presentará el Plan de Acción Regional sobre Defensores de Derechos Humanos en materia ambiental.
Paralelamente se realizarán otros eventos como la celebración del Día Internacional de la Madre Tierra y sesiones donde se abordarán temas como la participación pública en los procesos de evaluación ambiental y la perspectiva de género en esta materia.
El Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Escazú, fue adoptado en la ciudad costarricense del mismo nombre en 2018 y entró en vigor en 2021.
Hasta el momento ha sido firmado por 24 países de la región y cuenta con 15 Estados parte: Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Ecuador, Granada, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts. y Nevis, Santa Lucía y Uruguay.
En una reunión celebrada aquí este fin de semana, representantes de organizaciones indígenas sudamericanas y mesoamericanas exigieron una mayor participación en ese tratado.
La abogada Iris Olivera, portavoz del Instituto de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales del Perú, dijo a Prensa Latina que los pueblos indígenas exigen tener un lugar en la junta directiva del acuerdo.
También exigen un caucus (asamblea), donde puedan plantear sus problemas y tener un relator especial, dijo.
Olivera afirmó que las propias organizaciones han identificado a la región como una de las más agresivas hacia los activistas ambientales, violencia que afecta también a mujeres, niños y adolescentes.
“Los indígenas somos los más afectados por los ataques porque tenemos un vínculo muy fuerte con la Madre Tierra, con la protección y conservación de la naturaleza”, declaró, por su parte, la coordinadora de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, Dina Juc. .
Explicó que, con el objetivo de proteger a la propia humanidad y a las nuevas generaciones, se oponen a modelos económicos extractivistas y destructivos ambientalmente y por eso son vistos por Gobiernos y Estados como enemigos del desarrollo.
Según la Alianza Latinoamericana de Defensores del Territorio Indígena, durante los últimos 10 años murieron 1.335 personas por causas relacionadas con el avance de la frontera extractiva en los sectores hidrocarburíferos, forestal y minero.
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