A nivel general, si se mira el mapa de conflictividad latinoamericano de 2010 a 2016, hay dos sectores productivos importantes que han tenido altos niveles de conflictividad, la megaminería y el petróleo, siendo el primero en el ranking. Este aumento del conflicto en torno a la minería se ha dado en varios países, no sólo en aquellos que tienen una tradición de minería a gran escala como Chile, Perú y Bolivia, sino también en aquellos que no tenían una tradición de gran escala como Argentina y Ecuador. Sin embargo, podemos enumerar algunos casos, por ejemplo, el conflicto por la carretera del Tipnis, Bolivia. La megaminería en Famatina en San Juan. La megapresa de Belo Monte, Brasil. Fin del proyecto Yasuní en Ecuador. Megaproyecto canal de Nicaragua. Megaproyecto La Colosa, Colombia y Megaproyecto Pascua-Lama entre Chile y Argentina. Muchos incluso han sido conflictos transfronterizos.
Cada uno de los conflictos tiene la particularidad de dar visibilidad en la agenda pública, a veces de manera muy temporal, a un tipo de conflicto extractivo, sin embargo entendemos que las sociedades reaccionan ante lo que llamamos “problema” a un conjunto de mediaciones simbólicas. que vienen acompañados de un proceso de selección y definición de instituciones. Así, el foco del conflicto puede aparecer o no, pero pueden surgir otras demandas y problemas de diferente naturaleza. Si los conflictos permiten la construcción e instalación de un problema en el espacio público es porque se ha generado un escenario y una temporalidad de intercambios de creencias y argumentos que representan el registro de prácticas sociales que son llevadas a la esfera pública. Si la dinámica del conflicto apunta a una duración media o larga, esto indica que estamos ante un fenómeno complejo, vinculado a procesos sociales más amplios.
Es decir, estamos analizando el conflicto desde un punto de vista en el que no sólo los conflictos ambientales representan fuentes de disputa de carácter político y que generan tensiones en las formas de apropiación, producción, distribución y gestión de los recursos en cada comunidad o región. Si no, también cómo ponen en tela de juicio las relaciones de poder que facilitan el acceso a estos recursos, que implican la toma de decisiones sobre su uso por parte de algunos actores y la exclusión de su disponibilidad para otros actores. Se trata de situaciones de tensión, oposición y/o disputa en las que no sólo están en juego los impactos ambientales. En muchas ocasiones, la dinámica y evolución del proceso contencioso lleva a resaltar dimensiones económicas, sociales y culturales no abordadas.
El caso particular de Posco ya ha desatado una ola de inquietudes, como la de los proveedores mineros que ven con preocupación este asunto y han exigido “transparentar la gestión de compras de las mineras a la sociedad y a las legítimas empresas locales que trabajan con la minería”. ”; así como la adjudicación de obras a empresas que tengan accionistas coreanos o chinos. Por otro lado, el Subsecretario de Trabajo y Producción de Empleo del Municipio de Güemes explicó que gente de su localidad acudió a quejarse de la presencia de mano de obra proveniente de Perú, México y Corea y que habían ingresado ilegalmente desde el Norte y por Buenos Aires. , con visa de turista y no de trabajo. Al mismo tiempo, la secretaria afirma que esto lo pudieron notar luego de un problema gremial ocurrido al interior de la empresa, donde muchos trabajadores alegaron que no tenían la oportunidad.
Entendemos que en este asunto se combinan todo tipo de factores, lo que deja al menos varias preguntas por plantearnos, como la actuación del Ministerio de Trabajo. Otro punto es que la empresa minera está ubicada en el Salar del Hombre Muerto, la llamada zona de cooperación entre Salta y Catamarca, donde ya existían problemas fronterizos sin solución fundamental.
Las preguntas pueden variarse para pensar en el marco de un posible escenario de conflicto. ¿Puede Posco convertirse en un caso de prueba para otras empresas? ¿Puede agitar un avispero hasta ahora tranquilo y traducirse en un posible conflicto por reivindicaciones sociales, laborales y ambientales? ¿Puede generar una disputa entre empresas locales y empresas extranjeras? Si la crisis económica del país se profundiza, ¿cuáles son las posibilidades de que la fuerza laboral local disponible comience a presionar por más empleos en el sector minero para reemplazar la mano de obra extranjera? La otra pregunta es: ¿En qué medida los gobiernos nacionales y provinciales
¿O los municipios pueden abordar algunos problemas existentes para evitar un escenario de conflicto y, más aún, convertirlos en una fuente de desarrollo?
Ezequiel Rojas Frondizi.
Sociólogo
