La Habana/
Todo esto, por supuesto, con la ayuda del Ministerio del Interior, el Instituto de Ordenamiento Territorial y Urbanismo y la Procuraduría General de la República, según aclaró el diario local, Periódico 26.
El panorama, sin embargo, no es esperanzador. “Los primeros datos revelan una diferencia negativa entre la masa ganadera establecida en los registros y la realmente existente en los pastos, sin documentos que avalen adecuadamente los motivos de esta falta”, resume el medio. Además, son numerosos los casos de “conversiones retrasadas, nacimientos no debidamente registrados, animales no identificados y ventas ilegales”.
La Fiscalía evalúa cuáles de las infracciones registradas serán tipificadas por ley
De acuerdo a Periódico 26La Fiscalía evalúa actualmente cuáles de las infracciones registradas serán tipificadas por ley, en las que “los investigadores han advertido que existen lagunas o imprecisiones”. La mencionada responsabilidad de los “cómplices”, así como la simulación de delitos y la omisión de denuncia, podrían arrastrar a los allegados a los ganaderos a los tribunales.
Paralelamente a las inspecciones, las autoridades han descubierto “la existencia sin la documentación requerida de viviendas y otros inmuebles como cuartos de instrumentos, ranchos o corraletas”, añade el diario.
Aunque con estos controles, que se prolongarán hasta mayo, los dirigentes aseguran que “ven efectos positivos” -como una “contratación más objetiva entre ganaderos y la industria”-, lo cierto es que han constatado la debacle del sector respecto a períodos anteriores. La provincia no sólo produce menos que antes, sino que está experimentando un “aumento de muertes certificadas por vacunas en comparación con el mismo período del año anterior”.
La diferencia, que ha alarmado a los inspectores, es que los animales que viven en “condiciones de mantenimiento favorables” y en categorías que antes experimentaban poco descenso, ahora también mueren.
La situación en Las Tunas se repite en varias provincias desde que se inició el registro el pasado 1 de marzo. En Artemisa, por ejemplo, una nota publicada en la prensa oficial semanas atrás da cuenta del estado del sector en el territorio: Animales sin marca , sin clip, con cambio de categoría sin denunciar, fuera de la finca sin autorización y sin documentos. Han sido sólo algunas de las 9.300 violaciones registradas.
La presión del Estado sobre ganaderos y terratenientes los ha obligado a acudir a registros de control ganadero
La presión estatal sobre ganaderos y terratenientes, sumada al miedo a ser multados o encerrados, les ha obligado a acudir masivamente a los registros de control ganadero para inscribir animales fallecidos o que criaban ilegalmente. Sin embargo, el número de violaciones sigue siendo notable. En apenas mes y medio de “controles” en la provincia, las autoridades han sumado al plan estatal 2.600 litros de leche que los guajiros “desviaron” de los canales oficiales, según El artemiseño.
Los productores, sin embargo, siguen descontentos con las medidas estatales, que se centran más en intimidarlos que en ofrecer una solución a sus reclamos: mejores precios y libertad para vender su producción a quien quieran. En un intento por aliviar la tensión, el Gobierno aprobó en marzo pasado el aumento del precio máximo de acopio en pesos cubanos de la leche fresca de vaca y búfala de máxima calidad. El valor, que se impone sólo a quienes cumplen en exceso sus contratos, sigue estando muy por debajo del precio de estos productos en el mercado informal.
