La mañana de este sábado 20 de abril, la Fiscalía General de la Nación lanzó una “alerta” sobre la escalada de violencia que se registra en el departamento del Cauca y pide soluciones “urgentes” al gobierno de Gustavo Petro.
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En esa línea, el procurador delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, solicitó al Ministro de la Defensa Nacional, al Gobernador del departamento del Cauca, al Comandante de la Tercera División del Ejército y al Comandante de la Policía del Cauca, información sobre las acciones que han sido desplegadas por cada una de las entidades encargadas en relación a la crisis humanitaria que se está viviendo en el departamento del Cauca en los últimos días.
Según el Ministerio Público, la solicitud se realiza luego de que, en el Consejo de Seguridad celebrado el pasado 12 de abril en la Gobernación del Cauca, los alcaldes de Miranda, Corinto y Caloto solicitaron el apoyo del Gobierno Nacional.
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Esto, “ante la situación que enfrentan y Manifestó que no han sido tomados en cuenta en los diálogos de paz que adelanta el Gobierno con el grupo armado ilegal disidencias de las FARC”.
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La Fiscalía General de la Nación señaló que recién entre el 11 y 13 de abril hubo una ola de terror en el Cauca, en Corinto hubo acoso contra la comisaría, En Miranda explotó un carro bomba, en Caloto hubo enfrentamiento entre la Fuerza Pública y las disidencias de las FARC, en el municipio de Guachené, atacaron con explosivos la comisaría y en el municipio de Cajibío activaron un artefacto explosivo en la carretera Panamericana.
Estas situaciones afectaron a varias viviendas y dejaron varios heridos.
“El miedo y la incertidumbre invaden a la población civil del departamento del Cauca, por lo que desde la Fiscalía General de la Nación, Como garantes de la institucionalidad y el respeto a los derechos humanos, continuaremos desplegando todas nuestras capacidades humanas, mecanismos de apoyo, seguimiento y vigilancia. ante escenarios de riesgo, para garantizar la vida y los derechos de esta comunidad”, agregó la Delegada para los Derechos Humanos.
Editorial Justicia:
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