Según Beatriz Santiesteban, metodóloga nacional del Ministerio de Educación, actualmente unos 30.000 estudiantes con discapacidad intelectual son atendidos en educación especial y 1.200 en escuelas vocacionales, pero una parte queda fuera del sistema cuando cumplen 18 años.
Foto: Jorge Luis Baños/IPS
La Habana, 20 abr.- Cuando Tomás Pérez, con trastorno del espectro autista, cumplió 18 años, su paso por la educación especial terminó y su madre tuvo que dejar de trabajar para cuidarlo. Encontrar formas de revertir este desenlace está entre las prioridades de la Asociación Cubana de Personas con Discapacidad Intelectual (Acpdi).
El ejercicio de los derechos y la inclusión de este grupo poblacional en el ámbito laboral fueron temas abordados en un encuentro con representantes de la sociedad civil e instituciones del Estado, convocado por la Asociación Cubana de las Naciones Unidas (ACNU).
En el panel participaron Mayelín Oliva, presidenta nacional de la Acpdi; el jurista Leonardo Pérez, presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia, y Joanna Pereira, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana.
Pérez se refirió a los avances en materia jurídica para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual, así como a los desarrollos incluidos en la Constitución de la República (artículo 89) y el Código de Familia, como un paso hacia un futuro Código Civil.
Según él, Cuba es signataria de la Convención sobre los derechos de esas personas, que en su artículo 27 establece que los Estados Partes reconocen el derecho al trabajo, en igualdad de condiciones con el resto de la sociedad, en un ambiente elegido, abierto e inclusivo. y accesible.
Por su parte, Pereira valoró los pilares de la reforma legislativa respecto de este grupo: el respeto a sus voluntades y preferencias (cómo ejercer los derechos); apoyos, ajustes y salvaguardas razonables (con herramientas para que puedan ejercerlos de forma autónoma) y accesibilidad (comunicación, información y movilidad).
En términos jurídicos, los ajustes razonables consisten en las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que requieran las personas con discapacidad para el pleno ejercicio de sus derechos.
En el encuentro se habló de la necesidad de formar a los miembros de la asociación y de la sociedad. También se discutió sobre barreras (arquitectónicas, auditivas y visuales), empleos inclusivos, derechos de propiedad y cómo actuar frente a familias que emigran y dejan a personas con discapacidad al cuidado de instituciones estatales, privándolas de afecto.
Derechos iguales
En el caso del empleo, explicó el presidente de Acpdi, “impulsamos centros ocupacionales en los territorios -donde los gobiernos son responsables de incluir a las personas con discapacidad- para identificar en qué puestos pueden trabajar, sensibilizar y ajustar horarios de trabajo. trabajar, porque a veces te dicen: tienes que trabajar ocho horas”, cuando se pueden hacer ajustes.
En el caso de quienes por sus condiciones no pueden trabajar después de cumplir los 18 años, precisó, se debe crear para ellos un espacio donde puedan desarrollar sus habilidades y autonomía, de lo contrario permanecerán en casa.
“Ese es un desafío, de lo contrario se pierden dos personas: el chico de 18 años con discapacidad y la madre -que es en gran medida el apoyo-, que puede ser trabajadora, técnica o profesional”, abundó.
“Ellos tienen sus derechos, nosotros sólo los acompañamos, somos sus partidarios, pero ellos tienen voz propia y eso es lo que la sociedad tiene que reconocer”, enfatizó Oliva.
Trabajo conjunto
Si bien la Acpdi fue creada oficialmente el 8 de junio de 2023, buena parte de sus actuales integrantes llevan 11 años realizando acciones con los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, Salud Pública y Educación, para concientizar a la sociedad y la inclusión.
“Es un logro crear esta asociación y poder trabajar desde las comunidades por la inclusión y ajustes razonables necesarios para que las personas con discapacidad intelectual sean incluidas en la sociedad”, destacó Oliva.
Como dijo: “A partir de la legalización, podemos trabajar con las organizaciones en políticas –las establecidas y las que puedan surgir–, programas y proyectos”.
Pero, afirmó, “en la comunidad hay una sociedad que tiene que aceptar a la persona y crear ajustes para ella. Es una de las misiones fundamentales en las que trabajamos”.
Señaló que en Cuba existen más de 150 mil personas con discapacidad intelectual, el grupo más numeroso en el país y también en el mundo, seguido en número de las discapacidades motrices (más de 100 mil).
Según Beatriz Santiesteban, metodóloga nacional del Ministerio de Educación, actualmente unos 30.000 estudiantes con discapacidad intelectual son atendidos en educación especial y 1.200 en escuelas vocacionales, pero una parte queda fuera del sistema cuando cumplen 18 años.
“No sólo estamos tratando de perfeccionar todo lo que tiene que ver con lo cognitivo, estamos trabajando en habilidades y prácticas sociales para poder desarrollar una persona integral”, afirmó.
En este sentido, destacó, “si realmente queremos lograr la inclusión socioeducativa tenemos que involucrarnos todos”. (2024)
