A fines de enero, los ministros de Producción de Mendoza y San Juan, Rodolfo Vargas Arizu y Gustavo Fernández, afirmaron que, entre los diversos puntos de una agenda común en la que estaban trabajando, había una visión compartida de que se debían eliminar las regulaciones. por parte del Estado y permitir que el mercado se autorregula. Esto incluye el acuerdo para diversificar la producción de uva.
En ese momento, tanto de la cosecha, se propuso que no se eliminara en 2024 y, de hecho, ambas provincias coincidieron en que el 17% debería destinarse a fines distintos a la producción de vino. Sin embargo, las autoridades de ambas provincias volvieron a la semana pasada y revivieron la idea de derogar la ley interprovincial.
La directriz diversificadora, más conocida como acuerdo Mendoza – San Juan, es una norma creada en 1994 con el objetivo de mantener equilibrados los stocks vitivinícolas. Obliga a los industriales a destinar un porcentaje de su producción a otros productos vitivinícolas. En principio solo se diversificaba con mosto, pero en 2018 se incluyeron otras opciones como la exportación, la posibilidad de elaborar destilados o inmovilizar vino para exportar en el futuro. Cuando las provincias no se ponen de acuerdo, el tratado sostiene que se debe diversificar el 20% de la producción.
El viernes, durante la reunión sostenida en la sede del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), Vargas Arizu y Fernández, con el secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, Juan Pazo, se acordó avanzar en la desregulación de la industria. . Pazo, quien es el segundo en el Ministerio de Economía de la Nación que conduce Luis Caputo, consideró necesario evaluar la continuidad de la ley que dio origen al Coviar y consideró que se debe derogar o modificar la obligatoriedad del aporte, haciendo es voluntario.
Pero también se habló de eliminar el acuerdo Mendoza – San Juan. Fernández dijo a Los Andes que esta decisión ya cuenta con el apoyo del sector privado y agregó que, este año, se fijó una cuota del 17%, pero las condiciones del mercado llevaron a que el 24% de la uva cosechada en todo el país se utilizará para elaborar debe. Y ese porcentaje llegó al 48% en San Juan.
Esto reafirma la idea de las autoridades de ambas provincias de que no tiene sentido que los funcionarios fijen un porcentaje -que, además, suele requerir un buen tiempo de negociación- cuando son las necesidades del sector las que establecen el destinos cada temporada. .
El Ministerio de la Producción de la provincia estimó la necesidad de crear un entorno empresarial en el que prevalezca “mayor responsabilidad entre las partes y menor intervención del Estado”.
El organismo provincial sostuvo que en muchas ocasiones el exceso de regulaciones ha impedido que los productores se adapten a las exigencias del mercado actual, provocando que sigan produciendo lo mismo que hace 30 años y trasladando esos costos a la administración pública.
Para ilustrar su postura afirmaron: “¿En qué otra actividad, si una empresa quiebra, la deuda pasa al Estado o si el precio es bajo, el Estado sale a comprar? En ninguna”.
Asimismo, agregaron que una vez derogada la ley, las mosteras tendrán que comprar uvas en el mercado, tal como lo hacen las bodegas, ya que esta regulación benefició a un pequeño grupo de mosteras, alrededor de “5 o 6”, que gozaban de un mercado cautivo. “El empresario y el productor deben asumir los riesgos en la próxima cosecha y decidir si producen vino o mosto, según su análisis de la situación. Este es un riesgo que el Estado no debe correr”, afirmaron.
Además del acuerdo entre Mendoza y San Juan, el objetivo es derogar la Ley de Contratos que exige el registro de los contratos entre industriales y productores.
Aunque parece que la decisión ya está tomada, aún no se ha establecido una agenda de trabajo específica. “No tenemos prisa por implementarlo, ya que seguirá vigente durante todo este año”. Desde el ministerio confirmaron que será el gobernador Alfredo Cornejo quien determinará los horarios para realizar reuniones con los legisladores y enviar los cambios a la Legislatura.
Fuente: Diario Los Andes
