Antes de dejar el poder, el kirchnerismo buscado “escudo” a la Universidad de Buenos Aires (UBA) para evitar auditorías de sus cuentas por parte del Gobierno.
Fue a través de un amplio dictamen del 28 de noviembre de 2022 del entonces El procurador del Tesoro y “cerebro” judicial de Cristina Kirchner, Carlos Zannini. El exdiputado de la UCR y vicerrector de la UBA Emiliano Yacobitti tiene buena relación con el excandidato presidencial K Sergio Massa.
En su resolución, citando varias leyes ratificó que el seguimiento externo de los gastos de la UBA y otras universidades nacionales debe continuar únicamente por parte de la Auditoría General de la Nación (AGN), que depende del Poder Legislativo, y no de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), el órgano de control que tiene el Ejecutivo.
El exfuncionario consideró que de esta manera “El estatus de autonomía está protegido logrado a nivel constitucional” por estas instituciones educativas.
En medio del conflicto que generó el recorte de fondos, Gobierno de Javier Milei pretende auditar gastos universitarios, algo que rectores rechazan y otras autoridades bajo el argumento precisamente de que se violaría la autonomía de sus instituciones.
El actual Ejecutivo acusa a la gestión de Alberto Fernández de haber promovió las “autoauditorías” en esa área y “denigrar” la tarea de fiscalización.
Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) afirman que “No es posible” que el Gobierno haga las auditorías sobre los cuales quiere avanzar, porque esos controles son competencia de la AGN, que depende del Congreso.
También explicaron que las cuentas de las universidades están controlado internamente y luego aprobado por cada Consejo Superior, y que la información La AGN también lo tiene.
En su opinión de 2022, Zannini concluyó que “no son aplicables a las universidades nacionales las disposiciones que, en materia de control interno, están contenidas en los artículos 100 y concordantes” de la ley 24.156, que regula los sistemas de administración y control financiero del sector público nacional, y establece a la SIGEN como controladora.
Sin embargo, de hecho algunas universidades reportaron sus gastos a la SIGEN durante el gobierno de Mauricio Macri.
El mismo documento de Zannini señala que la UBA, que este año tiene una Presupuesto de 121 mil millones de dólares (idéntico al de 2023), se encuentra entre las instituciones que “se han excluido formalmente del citado sistema” controlar.
Otro capítulo de esta polémica se produjo en noviembre de 2023, cuando el entonces ministro de Educación, Jaime Perckzyk, firmó convenio con SIGEN para “mejorar auditorías internas” en las universidades, según el comunicado oficial. El convenio también fue firmado por el Consejo Interuniversitario. Sucedió días antes de la segunda vuelta presidencial que Sergio Massa perdió ante Milei.
“Sabemos que somos funcionarios públicos que administramos fondos públicos y tenemos una responsabilidad que, para nosotros, requiere transparencia y control”, subrayó Perckzyk en aquel evento.
Las universidades que quisieran agregar la SIGEN a sus controles internos debían adherirse al acuerdo. Finalmente, más de 20 lo lograron, pero no la UBA. Tras el cambio de signo político en el Gobierno ocurrido en diciembre, en la práctica este acuerdo aún no se ha activado.
