En septiembre de 2023, Odra mostró al tribunal su mano izquierda en forma de garrauna de las consecuencias que sufrió por haber sobrevivió a un intento de feminicidio en Neuquén. En el juicio declararon la psicóloga y la trabajadora social que la atendió en el Centro de Fortalecimiento Familiar. Dijeron que la mujer recibió un aporte de 70.000 pesos, destinado a pagar una parte del alquiler de ella y sus hijos. Esta ayuda, que en el actual contexto inflacionario estaba obsoleta, El gobierno provincial ya no lo paga desde noviembre.
La incomodidad en torno a la operación de la Subsecretaria de Familia, encabezada por Ricardo Riva, que depende directamente de la Ministro de Gobierno Jorge Tobares no ha dejado de crecer desde el inicio de la gestión de Rolando Figueroa.
«Desde 2013 hasta ahora ha sido un desmantelamiento sostenido porque en ese momento había una trabajadora social por barrio o dos. cada vez somos menos«explicó Laura Leiva desde el centro comunitario oriente. El lugar está ubicado en una casa central, en Independencia 558. Allí también se encuentra el centro de fortalecimiento de Confluencia, a casi tres kilómetros del barrio, un despropósito para la población a la que pretende llegar estratégicamente. «Estamos muy lejos, hacemos convenios con comisiones vecinales o con el municipio y atendemos ahí. Con el precio del billete ni hablemos de eso, es sumamente inaccesible”, afirmó.
Los trabajadores de los centros comunitarios y de fortalecimiento son quienes reciben, por ejemplo, la demanda de las defensoras de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, cuando los niños y niñas atraviesan situaciones de maltrato, violencia o abandono en el cuidado. Formaban parte del ex Ministerio de Desarrollo Social y estaban a cargo de un repertorio de programas sociales.
Adriana Santiago, del centro Hue-Quiñe, sostuvo que el proceso de transición Gutiérrez-Figueroa afectó a la población más vulnerable. «Lo que estamos denunciando es la falta de pago de aportes económicos a familias que se encuentran en situación económica vulnerable. Estas aportaciones son ínfimas, no cubren en absoluto lo que necesitan las familias. El máximo son 70.000 pesos”, aseguró.
Entre las ayudas que fracasaron se encuentra la destinada a víctimas de violencia de género. Las mujeres ya están en condiciones de desigualdad. La provincia tiene una de las brechas salariales más pronunciadas del país: 33,1% respecto a los hombres.
«Aunque no solucionamos la situación de pobreza de las familias, ayuda en algo. “Parece que está aprobado pero aún no está ultimado” Señaló Santiago. Dijo que La gente está “cansada de preguntar y ya no sabemos qué decirles”.
Leiva afirmó que es “válido” que el gobierno quiera revisar cómo se administraron los recursos “pero están tan metidos en eso, en regularizar el tema administrativo, en ver las cosas que estaban funcionando mal que se olvidan para qué estamos”. Somos organismos encargados de hacer cumplir la ley. Lo que para nosotros es fundamental no está sucediendo. Sólo están mirando eso: cuántos trabajadores estaban o no trabajando. Que lo hagan, pero para lo que estamos aquí no hay respuesta.
Estos programas no tienen relación con la megaestafa con planes sociales, que generó una encuesta en el estadio Ruca Che, entre otros puntos de la provincia. «Todas las personas que se encuentran allí esperando para recoger han sido evaluadas por un equipo profesional. No ha sido a mano. Cada uno tiene una evaluación, un informe social detrás»aclaró Leiva.
