Se dice en los últimos años, quizás décadas, que la Justicia está colapsada, que los casos llenan las oficinas y que las Salas del Crimen no dan abasto con la tramitación de los juicios. Los recursos que consumen todos estos procesos son, además de escasos, muy costosos para el erario público. Pero muchos de los conflictos que surgen en un debate oral también tienen un significado crucial para la sociedad.
Desde hace un tiempo, en la Justicia provincial se intenta acortar los juicios, resolver algunos expedientes de manera expedita, para avanzar pronto con el siguiente caso. Paralelamente, como si todo pudiera medirse cuantitativamente, se registran estadísticas de “productividad” de los despachos judiciales y de los agentes que los ocupan y toman las decisiones que resuelven los procedimientos.
A algunos funcionarios y magistrados se les escucha preocupados e incluso obsesionados con lograr el “récord” estadístico que los coloque dentro de los estándares requeridos para “cumplir” con lo que se espera de ellos en términos de número de casos y sentencias.
Algunos funcionarios en áreas clave de toma de decisiones pueden verse tentados a creer que un mayor número de casos resueltos da como resultado una mayor eficacia en el servicio de justicia. Sería mejor que se preguntaran sobre la calidad de estas numerosas decisiones.
Esta prisa por alcanzar la cifra puede relativizar la calidad de las decisiones. En otras palabras, habría que preguntarse si las sentencias se ajustan a derecho o si se cumple el ideal de “dar a cada uno lo que le corresponde”.
Desde el año pasado, ha habido una tendencia creciente en los Tribunales Penales –lo que puede abarcar esta columna– a acortar los juicios sin considerar la importancia del caso, las víctimas que incluye, los daños materiales o humanos que ha causado.
Afortunadamente, la violencia de género no es algo con lo que se juegue y se evita que se aceleren estos procesos, al igual que para delitos muy graves.
Lo que llama la atención es lo que está sucediendo con los delitos económicos, que se ventilan especialmente en la Sala Décima del Crimen de Córdoba, donde hasta hace poco se acortaban procesos de fuerte impacto económico con penas de prisión suspendidas. Hasta hace poco, cuando se produjo un cambio de acusadores, numerosas víctimas quedaron fuera por decenas de miles de dólares, sin que los responsables indemnizaran a las víctimas ni cumplieran una importante pena de prisión. Muchas veces, esa sentencia fue ejecución condicional.
Hace unos días se acortó otro proceso importante que durante años coparon los titulares de todos los medios provinciales: el del (ex)psicólogo Marcelo Eduardo Bazán, que abusó de pacientes femeninas en condiciones extremadamente indignantes, con drogas y con la participación de varias personas. También fue acusado de extorsión y amenazas, entre otros delitos. Recibió nueve años de prisión, pero arresto domiciliario, por motivos de salud. Siempre se dice que en Bouwer hay posibilidades de ayudar a los enfermos, independientemente de la enfermedad que padezcan.
En ese mismo caso, la exmujer del responsable de la Fundación Dolto fue absuelta al ser considerada víctima de violencia de género por parte de éste. Además, hubo dos imputados que recibieron prisión efectiva, pero por el tiempo que llevaban recluidos fueron puestos en libertad. Finalmente, otros cuatro acusados terminaron con sentencias suspendidas.
Más allá del mérito de estas sentencias o de si se ajustan en función del delito, surge la gran pregunta de qué hacen los fiscales instructores, que comandan una gigantesca maquinaria de investigación y trabajan desde hace años para que, finalmente, todo acabe en sentencias exiguas. o en espera.
Los fiscales de Delitos Complejos –Valeria Rissi y Enrique Gavier–, así como los números uno, llevan a juicio a “grandes” de “guante blanco” con un esfuerzo inigualable que, muchas veces, termina con un expedito baño de agua bendecido en el juicio oral. .
A todos los instructores les resulta muy difícil dirigir actuaciones contra acusados que tienen muchos más recursos que un ladrón de una rueda de repuesto, de modo que estos expedientes acaban en una sanción que suena a “poco por tanto”.
En varias ocasiones se escucha que un juicio que tarda seis meses en tramitarse a puerta cerrada porque es muy complejo, vale lo mismo que uno que se resuelve en una o dos audiencias. “1” es el valor de cada uno, por la estadística que tanto preocupa.
Muchos jueces se sienten ofendidos por la expresión “la puerta giratoria”, pero a menudo resulta difícil refutarla.
La Justicia, al acelerar y acortar procesos, corre el riesgo de convertirse en Justicia Comida rápida o transformarse en una institución productora de comida rápida (en este caso, sentencias rápidas).
Si no interesa comer buenos nutrientes y de calidad, se corre el riesgo de que los Tribunales cocinen decisiones que sepan a comida chatarra.
