La tarde de este miércoles, la Contraloría emitió su pronunciamiento sobre la legalidad del acuerdo de colaboración firmado, en enero pasado, por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y autoridades del gobierno de Venezuela, declarando que la referida autoridad está facultada para realizar este tipo de actuaciones.
Entonces, El organismo encabezado por Dorothy Pérez determinó que el acto en cuestión, que había sido reprochado ante ellos por la diputada Gloria Naveillán, es legal.
“Esta Contraloría General concluye que el MISP estaba autorizado a firmar el acuerdo bajo análisis, ya que Este acuerdo de voluntades afecta materias de su competencia, no incluye cuestiones de derecho, no se refiere a materias incompatibles con la política exterior del país. -según informó el MINREL- y los derechos y obligaciones que de él se derivan son asumidos exclusivamente por el Secretario de Estado que lo firma y la PDI, conforme a las reglas generales”, se lee en el documento de cinco páginas.
En ese sentido, el comunicado de la Contraloría destaca que, de conformidad con el artículo 35 de la Ley N° 21.080, y teniendo en cuenta el resurgimiento del crimen organizado transnacional, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile firmó dicho acuerdo para promover, coordinar y fomentar medidas de prevención y control de la delincuencia.
Y en ese contexto, agregaron, se llegó a un acuerdo con la contraparte, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de la República Bolivariana de Venezuela, el colaboración mutua, para facilitar el intercambio de información necesarios para la investigación de delitos que sean expresión del crimen organizado.
Dado que el parlamentario había advertido que podría tratarse de un tratado que debería haber sido revisado por el Poder Legislativo, la entidad aclaró: “No estamos en presencia de un tratado internacional que deba ser firmado por el Presidente de la República, sino que de un convenio interinstitucional, el cual se celebró conforme al procedimiento de la Ley N° 21.080, el cual, de conformidad con el artículo 35 de dicha ley, Sólo genera obligaciones para la entidad pública concurrente, y no obligaciones derivadas del derecho internacional para la República de Chile.”.
Además, la entidad afirmó que Del mismo artículo del acuerdo se desprenden aspectos “que salvaguardan adecuadamente el tratamiento de la información compartida”.
Ante el comunicado, el Subsecretario de Gobernación aseguró, a través de su cuenta en Reafirmamos la voluntad de promover la cooperación internacional para darle más seguridad a los chilenos”.
