“El agravamiento del conflicto armado y la violencia se debe a las acciones de expansión, avance y disputa del naciente Frente 57 ‘Yair Bermúdez’, disidente de las FARC, cuyo objetivo son los territorios de control de estructuras del Comandante del Bloque Occidental. Jacobo Arenas, especialmente del Frente Adán Izquierdo, apoyado por el Frente Dagoberto Ramos, también de las disidencias de las Farc”, indica el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Los seis municipios, al estar ubicados en la Cordillera Central, son un corredor histórico de movilidad de estructuras armadas ilegales que buscan la comunicación entre los departamentos del Cauca, Valle del Cauca y Tolima, conectándose a través del páramo Las Hermosas.
En consecuencia, la Defensoría del Pueblo insta a las entidades gubernamentales, así como a las fuerzas de seguridad de la nación, a proteger a los habitantes no sólo de los seis municipios advertidos en Alerta Temprana, sino también del Valle del Cauca, “ya que los conflictos internos entre frentes de las disidencias de las Farc se han propició un aumento de violaciones a los derechos humanos por la consumación de homicidios selectivos, masacres, amenazas, restricciones a la movilidad, imposición de horarios, retenes ilegales”.
También se han registrado hechos relacionados con hurto, extorsión, uso, utilización y reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes (NNA), entre otras conductas y violaciones al derecho internacional humanitario (DIH), que afectan la vida social, económica y comunitaria de los habitantes de esos territorios vallecaucanos.
La Defensoría del Pueblo envió recomendaciones a autoridades civiles, policiales y militares para prevenir homicidios individuales selectivos, desapariciones forzadas, masacres, desplazamientos forzados individuales y masivos, encierros, restricciones a la libre circulación, enfrentamientos con población civil, amenazas individuales y colectivas, ataques indiscriminados con artefactos explosivos improvisados y el uso, utilización y reclutamiento de niños y adolescentes.
“Las instituciones del Estado deben implementar medidas excepcionales y prioritarias para salvaguardar a las comunidades, y así evitar graves afectaciones a su vida e integridad y a sus bienes y medios de subsistencia”, enfatizó Carlos Camargo Assis.
