Las listas de espera quirúrgica siguen creciendo. Un problema de todas las comunidades autónomas, pero que La Rioja sufre intensamente. De hecho, es la tercera comunidad autónoma con mayor tasa de pacientes pendientes de operación, sólo por detrás de Cantabria y Extremadura, según el informe publicado hoy por el Ministerio de Sanidad con datos a 31 de diciembre de 2023.
En La Rioja hay 8.505 pacientes en espera de una operación quirúrgica, lo que supone una tasa de 26,63 personas en lista de espera por cada mil habitantes. Traumatología, oftalmología y cirugía general y del aparato digestivo son las especialidades que acumulan más pacientes. En este indicador, La Rioja tiene los peores datos tras Cantabria, con 32,35 pacientes en lista de espera por cada 1.000 habitantes y Extremadura, con 28,78, y está muy por encima de la media, que es de 18,11.
En cuanto al tiempo de espera para una operación, en La Rioja hay que esperar 106 días de media, siendo la cirugía general la especialidad con peores datos (133 días) y la cirugía torácica (40 días), la que menor tiempo de espera. Especialmente preocupante es el porcentaje de pacientes que esperan más de 6 meses para poder operarse, algo que en La Rioja tiene más de uno de cada cinco pacientes en lista de espera. Precisamente, el 21,6% de los pacientes riojanos en lista de espera tienen que esperar más de 6 meses para ser intervenidos, de nuevo un indicador que eleva la cirugía general al 34,1%.
En total, en España hay 849.535 pacientes en lista de espera para cirugía, 56.014 más que el año anterior (diciembre de 2022). El tiempo medio de espera es de 128 días, 22 días por debajo del tiempo de espera en La Rioja y con un 24,3% de pacientes pendientes con una lista de espera superior a seis meses.
Ante esta situación, el Gobierno de La Rioja del PP contrató 2.050 operaciones de la sanidad privada por 6 millones de euros a partir de principios de 2024 para las especialidades de urología, cirugía general, oftalmología, columna-neurocirugía y cirugía vascular. Un contrato de un año que el entonces gerente del SERIS, Jesús Álvarez -ahora acusado de cobrar bonificaciones por trabajar como anestesista pese a la incompatibilidad- ya aseguraba que no sería suficiente y que “habría que ampliar el contrato con el Cordura privada”.
