“Ha hecho un trabajo tremendo en el fortalecimiento de la institución de Carabineros”, con estas palabras el presidente Gabriel Boric muestra su respaldo al general de Carabineros, Ricardo Yañez, en medio de su formalización por violaciones a los derechos humanos.
Camilo Jofré
Profesor, activista del PTR y miembro del grupo de trabajadores de la educación Nuestra Clase.
Luego de que Ricardo Yañez perdiera su pedido en el Tribunal Constitucional de no formalizarse, el presidente Gabriel Boric salió a darle un empujón.
El general Yañez será formalizado el próximo 7 de mayo por el delito omisivo de coacción ilegítima con resultado de lesiones graves y homicidio durante la rebelión popular de 2019. Esta formalización ha generado polémica dado que el gobierno, a través de la propia Carolina Tohá, había establecido una autorenuncia” criterio” para aquellos funcionarios que enfrentan procesos judiciales similares. Hoy Carolina Toha también se retracta y le da su apoyo a Yañez. Esta aparente contradicción refleja fundamentalmente una preocupante tendencia a seguir manteniendo la impunidad en Chile y fortalece las determinaciones que pueda tomar la “Justicia”, al no exigir responsabilidades a quienes enfrentan acusaciones de violación de derechos humanos.
Boric, al apoyar el trabajo de Yáñez y enfatizar el fortalecimiento de la institución de Carabineros, parece ignorar las graves acusaciones que enfrenta el director general. Las acusaciones contra la institución policial están directamente relacionadas con el papel represivo que cumplió Carabineros en 2019.
La semana pasada escribimos en La Izquierda Diario Chile, que “El gobierno de Sebastián Piñera tuvo una línea directa que fue la represión. El método de “disparar a los ojos” ya era utilizado por el ejército israelí contra el pueblo palestino, pero en 2019 en Chile hubo más víctimas de trauma ocular que 30 años de represión del pueblo palestino, hasta esa fecha.
De hecho, la cifra más contundente no es que en toda la historia de Chile nunca ha habido tantas personas heridas en los ojos por balas de goma, sino que esto nunca ha sucedido en ningún lugar del mundo. Estas acciones no son aleatorias. Fue la línea del gobierno de Sebastián Piñera desmantelar la movilización y cerrar el cuestionamiento abierto no sólo a él, sino a todo el régimen dictatorial. El número de personas asesinadas por la policía y el ejército es de unas 40 personas”.
La postura del presidente de apoyar a Yáñez, lejos de promover un “proceso normal de justicia”, contribuye a cuestionar la efectividad del propio sistema de justicia, ya muy cuestionado por el caso Hermosilla. Y, sobre todo, perpetúa la impunidad en los casos de abusos policiales. La falta de medidas concretas para abordar las acusaciones contra altos funcionarios del gobierno envía un mensaje preocupante sobre la tolerancia y la impunidad de la violencia institucional.
La continuidad de Yáñez en su cargo a pesar de las acusaciones en su contra muestra la falsa neutralidad de las instituciones estatales y al mismo tiempo muestra la verdadera posición del gobierno, pero también envía un mensaje desalentador a las víctimas de abusos policiales y sus familiares. . Al no exigir rendición de cuentas por presuntas violaciones de derechos humanos, se perpetúa el ciclo histórico de impunidad de las fuerzas represivas. En definitiva, esta situación demuestra cuán falso es el compromiso que el gobierno dice tener con la protección de los derechos humanos, especialmente de quienes se manifiestan.
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