Si hoy se repitiera la pregunta planteada por el padre Francisco de Roux el 28 de junio de 2022 en la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad que entonces presidió, la respuesta volvería a dejar un silencio rotundo: “¿cómo nos atrevimos a dejar que sucede y ¿cómo podemos atrevernos a permitir que continúe?” Fue un dardo a la conciencia colectiva tras desentrañar desde la memoria los horrores de seis décadas de conflicto armado contra una Colombia dormida. A casi dos años del recordado discurso, nuevos ataques, confinamientos y desplazamientos forzados amenazan la integridad de comunidades abandonadas en la indiferencia que cuestionó el sacerdote jesuita.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) advirtió en su más reciente informe humanitario de un aumento del 19% en las restricciones de movilidad en zonas de conflicto durante 2023, respecto al año inmediatamente anterior. En total, 47.013 personas dejaron de circular libremente por sus territorios debido a intimidaciones por parte de grupos al margen de la ley. Además de generar miedo, el fenómeno afecta la seguridad alimentaria en zonas remotas y ya vulnerables. El conflicto, es decir, no sólo impacta la seguridad, sino también una de las principales banderas del presidente Gustavo Petro: la lucha contra el hambre.
Los departamentos más afectados por las restricciones a la movilidad son los del Pacífico colombiano, atrapados en la disputa por el control de las rutas del narcotráfico y otros ingresos ilícitos como la minería ilegal, además de grandes zonas con altos niveles de pobreza. La situación más crítica se da en el Chocó, uno de los más pobres del país, que concentra el 44% de la población confinada, con 20.720 víctimas. Le siguen Nariño con 9.563 personas, Cauca con 4.000 y Valle del Cauca con 3.304 víctimas. También hubo aislamientos en otras regiones; en Arauca, Caquetá, Putumayo, Antioquia, Bolívar y Córdoba.
La limitación de la movilidad de los residentes encarna uno de los efectos silenciosos de la guerra. Aunque no deja imágenes que llamen la atención a kilómetros de distancia, quienes lo soportan saben que sus vidas corren riesgo. No sólo por el peligro de las armas o los explosivos, sino también por la falta de acceso a los alimentos, que amenaza su salud física y mental.
La inseguridad por enfrentamientos armados, los toques de queda impuestos por organizaciones ilegales o el veto a viajar en determinadas zonas o horarios, impiden a las comunidades acercarse a las parcelas que cultivan, cazar en la selva o pescar en ríos cercanos, como es costumbre en comunidades indígenas y afrodescendientes. comunidades, las más perjudicadas por las presiones de los grupos subversivos. También ralentiza el comercio.
Los departamentos que el CICR identifica como víctimas de este flagelo tienen al menos el 30% de sus hogares o más en riesgo moderado o severo de inseguridad alimentaria, con excepción de Antioquia y el Valle del Cauca. Es decir, según el Programa Mundial de Alimentos, son departamentos donde hay hambre.
Boletin informativo
El análisis de la actualidad y las mejores historias de Colombia, cada semana en tu buzón
RECIBE EL
El escenario más complejo se observa en Putumayo, Córdoba, Arauca y Caquetá, donde hasta cinco de cada diez personas resisten con el estómago vacío o medio lleno, mientras que en Chocó y Bolívar se estima que cuatro de cada diez personas no comen. suficiente. Aunque la violencia no es la única causa, están relacionadas. El riesgo de hambre impacta al 43% de los hogares que son víctimas de un evento violento, frente al 23% de los que se encuentran lejos del conflicto.
El especialista en el área de gestión de riesgos y rehabilitación de medios de vida de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Harry Villarraga, explica que estas circunstancias producen un deterioro progresivo de la alimentación. “Las familias restringen la cantidad de alimentos que consumen en el día, las porciones, limitan el consumo de los adultos para preferir el de los niños. Hay gente que apenas come arroz vacío y sin nada. “Son condiciones muy dramáticas”, afirma.
Los actos de violencia empeoran las condiciones en lugares con altos niveles de pobreza donde las dietas son poco variadas y bajas en nutrientes, explica Zandra Estupiñán, nutricionista especializada en gobierno y políticas públicas. “Hay casos de niños con desnutrición crónica o retraso en la altura porque se adaptan a condiciones deficientes por períodos prolongados y esto afecta su capacidad cognitiva y de desarrollo”, enfatiza.
Estas consecuencias se expresan –de la manera más trágica– en las muertes de niños menores de cinco años asociadas a la desnutrición. A nivel nacional han disminuido de 82 muertes confirmadas entre enero y marzo de 2023, a 56 probables en el mismo trimestre de este año. En Chocó, sin embargo, hay 10 muertes que probablemente se deben al hambre, cuando la cifra histórica ha sido seis en los primeros meses, según informes del Instituto Nacional de Salud. Los lugares con más confinamientos enfrentan, a su vez, un peor acceso a los servicios de salud. Muchos dependen de la medicina tradicional para tratar sus dolencias, pero obtener plantas medicinales también es difícil cuando no es seguro poner un pie en el monte. Y, al menos hasta ahora, la política de paz total del Gobierno no ha ayudado.
Los altos el fuego bilaterales que se han acordado con diversos grupos ilegales como parte de las negociaciones no se han traducido en garantías para la población civil. Por ejemplo, en febrero, pocos días después de confirmarse la extensión de la suspensión de hostilidades entre la Fuerza Pública y la guerrilla del ELN, su Frente de Guerra Occidental declaró un paro armado en la subregión de San Juan, en Chocó. 27.000 personas quedaron confinadas.
La representante de la organización Gobierno Territorial Ancestral de los pueblos indígenas del Chocó, Irma Cabrera, dice que allí se está imponiendo el miedo con las armas. “Los grupos también llegan y se llevan todo lo que han cultivado las familias, incluso se llevan las gallinas, los cerdos, todo eso genera una crisis alimentaria. La población civil no tiene mucha fuerza ante alguien armado”, afirma.
Además de los confinamientos, los artefactos explosivos intimidan y limitan el acceso a fuentes de agua y alimentos, entre otros recursos esenciales. “La presencia de un solo dispositivo o su sospecha pueden confinar a una comunidad entera durante largos períodos”, señala el informe humanitario del CICR. En 2023 se registraron 380 víctimas directas –el 54% civiles– de minas antipersonal, restos explosivos de guerra, artefactos lanzados y detonaciones controladas. De ellos, 61 murieron.
En Sipí, municipio chocoano de 4.700 habitantes, al menos dos personas han sufrido amputaciones por explosiones de minas en la última semana. La gobernadora de Nubia, Carolina Córdoba, hizo un llamado urgente a realizar un desminado. “Los grupos armados organizados que están presentes en el Chocó están violando abiertamente el derecho internacional humanitario, sembrando el terror y generando el confinamiento de comunidades”, afirmó el mandatario.
El alcalde de Sipí, Jairo Antonio Murillo, comenta en diálogo con EL PAÍS que la población no quiere mirar fuera de sus casas. “La gente piensa que cuando salen algún artefacto les va a explotar, están inmersos en el miedo, en la ansiedad. Aquí viven de las tareas del campo, no pueden visitar sus parcelas porque les causa trauma psicológico, se afecta la salud mental en el territorio y duele el hambre”, afirma. Los suicidios reportados se han duplicado este año en el departamento, pasando de 20 a 40 casos.
El defensor del pueblo en Chocó, Luis Murillo, sostiene que el encierro es un evento masivo de victimización, una especie de secuestro colectivo que ahora es más prolongado. “La ruta que tenemos para atender estas emergencias es temporal, tres meses. Ahora hay comunidades que no han podido utilizar el territorio para su subsistencia desde hace dos o tres años. No hay camino desde el Estado para entender y abordar esta nueva modalidad de confinamientos largos, se necesita otro enfoque”.
El Comité Internacional de la Cruz Roja ha llamado a los actores armados estatales y no estatales a respetar el Derecho Internacional Humanitario. “Si bien el DIH no hace mención expresa a los confinamientos como consecuencia humanitaria, sí establece obligaciones para las partes en conflicto de tratar con dignidad a cualquier persona que se encuentre bajo su control. Llama a evitar tratos humillantes y todo aquello que genere sufrimiento innecesario en la población civil. El confinamiento es algo que los actores armados deben evitar”, explica Laura Santamaría, coordinadora de comunicaciones de esa organización en Colombia.
La Misión de Verificación de las Naciones Unidas señaló en su informe del último trimestre que el desplazamiento y el confinamiento forzado afectaron desproporcionadamente a las comunidades étnicas con un 64% de los afectados, un 42% indígenas y un 22% afrocolombianos. Como dice el nombre del capítulo del informe final de la Comisión de la Verdad sobre la violencia y el daño contra los pueblos étnicos de Colombia, “resistir no es perdurar”. Las comunidades siguen aguantando.
Suscríbete aquí al boletín de EL PAÍS sobre Colombia y aqui al canal en whatsappy recibe todas las claves de información sobre la actualidad del país.
