En un contexto de incertidumbre respecto de la importación de gas desde Venezuela, el Gobierno del presidente Gustavo Petro expresó su voluntad de colaborar con la petrolera venezolana PDVSA y su filial en Colombia, con el objetivo de reactivar las negociaciones sobre combustibles fósiles entre ambos países.
El Superintendente de Sociedades, Billy Escobar, señaló que este proyecto podría hacerse realidad, dado que el Gobierno de Nicolás Maduro pretende capitalizar la empresa ‘Pdvsa Gas Sucursal Colombia’, lo que sería un paso fundamental para retomar las conversaciones, algo que no ha sido bien tomado por la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP).
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El sector petrolero indica que el negocio tiene más obstáculos que ventajas y expresan que “si en Colombia hay gas de buena calidad, a buen precio, que genera recursos para los hogares, las industrias y las regiones y que lo necesitamos para el transición energética, ¿por qué vamos a ir a buscar a otro lado lo que no hemos perdido aquí?”, asegura el presidente de la ACP.
El plan de rescate se debe a que la filial constituida en Colombia para gestionar las transacciones de compra y venta de hidrocarburos a través del gasoducto binacional Antonio Ricaurte, había recurrido previamente a la ley de insolvencia y había solicitado un proceso de reorganización. Esto significa que la empresa recibirá una inyección para mantenerse con vida.
El superintendente Escobar mencionó en entrevista en CM& que “En los próximos días un juez decidirá sobre el acuerdo de pagos entre la empresa y sus acreedores” lo que significaría el camino hacia “la recuperación del comercio de gas entre ambos gobiernos a través de esta empresa”.
A pesar de las declaraciones de los trabajadores petroleros, el Gobierno del Petro sigue moviéndose para materializar el proyecto de importación de gas desde Venezuela y ayudar a salvar la empresa. Incluso afirman que es “una luz de esperanza en un sector fundamental que tanto necesita el país como es el gas, y por supuesto la idea es salvar esa empresa”, agregó el superintendente Escobar.
Este acuerdo sale a la luz pocos días después de que la ACP realizara un análisis sobre la posibilidad de comprar gas al país vecino. Entre los obstáculos de la propuesta, la ACP encuentra la capacidad de la empresa venezolana ya que “no se dispone de información precisa sobre la capacidad del gasoducto para transportar gas natural de Venezuela a Colombia”.
“Si Venezuela requiriera gas para encender sus plantas térmicas, es muy posible que prefieran encender sus plantas térmicas antes que enviar gas a Colombia. En términos de confiabilidad, es mucho mejor tener gas colombiano que depender de un gas donde no sabemos si vamos a tener confiabilidad. cien por ciento”, dijo Andrés Bitar, refiriéndose a que la confiabilidad no es del 100%.
Además, la asociación indica que Colombia cuenta con regulaciones robustas que garantizan el cumplimiento de los estándares internacionales en esta materia. Sin embargo, el desafío radica en la “falta de información actualizada sobre la calidad del gas natural proveniente de Venezuela”.
Otro factor que sería un desafío para la importación de gas desde Venezuela tiene que ver con que algunos tramos del gasoducto se encuentran inoperativos en suelo colombiano y las estaciones compresoras han sido desmanteladas. Según el vicepresidente de Estrategia y Asuntos Regulatorios de la ACP, la restauración de estas infraestructuras deterioradas podría tardar entre 2 y 3 años. Esto significa que el suministro de gas desde Venezuela sólo estaría disponible después de este período.
El quinto desafío surge desde la perspectiva de que Estados Unidos restablece sanciones petroleras contra la estatal venezolana PDVSA. En este escenario, Ecopetrol, al cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York, no podría realizar transacciones comerciales con dicha empresa.
