Soldados del ejército patrullando. Imagen de referencia./
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Paulatinamente, el Ministerio de Defensa aumentará la fuerza para el Chocó, dentro del llamado Plan 16.000, que contempla la incorporación este año de 11.000 militares, en 2025, 4.500 y en 2026 los 500 que faltan.
Así se decidió en el consejo de seguridad que se celebró en Quibdó, el cual estuvo presidido por el ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, y contó con la presencia de la gobernadora del departamento, Nubia Carolina Córdoba, el alcalde de Quibdó, Rafael Andrés Bolaños y 10 alcaldes del departamento.
Respecto a la Policía Nacional, se anunció el cumplimiento del Plan 20.000, que implica incrementar el número de hombres y mujeres en la institución para garantizar la seguridad y que se espera culminar este año.
Además del aumento de efectivos, el consejo discutió temas como el desminado humanitario, la extorsión, el homicidio, las intenciones de expansión del Clan del Golfo y el problema migratorio en Darién.
“El propósito es tener más capacidades, mayor recurso humano y también vincular mucho más a la población. Además, se mantiene el compromiso de la Policía Nacional de revisar el número de policías en las comisarías, de manera que se pueda establecer un mínimo de al menos 15 policías por unidad”, dijo el Ministro.
Por otro lado, frente a la migración irregular, el titular de la cartera de Defensa afirmó que el accionar de las autoridades se centra, no en los migrantes, sino en el accionar de organizaciones criminales como el Clan del Golfo, que obligan a cualquier El servicio de quienes quieren migrar tiene que contratarse con ellos o con empresas u organizaciones vinculadas a este grupo ilegal.
El Ministro Velásquez dijo que “operaciones específicas, como Hefesto y Agamenón, tienen un componente importante en materia de inteligencia financiera y de identificación de los flujos de dinero obtenidos por el Clan del Golfo y empresas o agencias asociadas a esta práctica criminal”.
Asimismo, se refirió a la situación de las minas antipersonal que “está obligando a las comunidades a permanecer confinadas y encerradas”, por lo que se tomó la decisión de realizar acciones concretas y urgentes para mitigar esta situación.
Finalmente, se refirió a la seguridad de los alcaldes y afirmó que la Unidad Nacional de Protección es la encargada de las medidas de seguridad en coordinación con la Policía Nacional, evaluando el nivel de riesgo y la necesidad de reforzar o instalar medidas de protección.
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