Había señales de obstrucción mecánica en chimenea y extractores, pero fueron liberados

Peritos de la División de Bomberos de la Policía Provincial revisaron las instalaciones del Bar Caravati que funciona dentro de las instalaciones del Club Social 25 de Agosto. La medida fue dictada por la Fiscal Tercera de Instrucción de Designación, Gabriela De Marcos, tras la denuncia del concesionario del emprendimiento gastronómico, Esteban Cano, contra autoridades del Club Social: su presidente Arturo Navarro y el tesorero, Moisés Buffe, entre otros.

El pedido se completó ayer por la mañana. Los peritos realizaron una inspección visual y registraron la verificación correspondiente. Según información judicial a la que pudo acceder El Ancasti, se constató que la chimenea de la cocina y los conductos de ventilación, así como la puerta de emergencia, se encontraban libres. Sin embargo, se les advirtió que habría signos de obstrucción mecánica pero luego fueron liberados. Aunque se esperan los peritajes, se dio a conocer que no habría riesgo en el establecimiento gastronómico. Además, se realizó el registro para verificar la obstrucción mecánica de dichas estructuras.

La denuncia fue realizada el martes pasado e inicialmente intervino la Fiscalía de Investigación de Segunda Designación, a cargo del fiscal Laureano Palacios. Sin embargo, el representante del Ministerio Público, para garantizar la transparencia en los procedimientos judiciales, se inhibió ayer. Por tal motivo, el caso fue remitido a la Fiscalía de Investigación de Tercera Designación, a cargo de la fiscal Gabriela De Marcos.

Fuentes consultadas por este diario indicaron que el concesionario denunció que desde el 27 de marzo había recibido amenazas de cerrar el ingreso al establecimiento gastronómico. Según se precisó, se había colocado un cerrojo en una puerta y se había tapado la chimenea de la cocina y los conductos de aire.

Esta denuncia se suma a otras que fueron presentadas el año pasado. Al respecto, se indicó que oportunamente se informó que se organizarían juegos clandestinos. Por ello, la Fiscalía interviniente envió oficios al Casino, teniendo en cuenta que habría mesas y juegos que deberán contar con autorización.

También hubo denuncias por presunto acoso por parte de miembros de la institución contra trabajadoras gastronómicas. Al respecto, se detalló que si bien no hubo agresión sexual, las trabajadoras se habrían sentido vulneradas por las parejas. Al mismo tiempo, se señaló que existían denuncias administrativas en la Dirección de Personas Jurídicas. También se remitieron copias a la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género.

Conflicto

A mediados del año pasado comenzó el conflicto de intereses, en el marco de la renovación del contrato de alquiler. A finales de agosto pasado, Cano denunció una maniobra maliciosa del presidente del Club, Arturo Navarro. También había solicitado la intervención de organismos estatales para resolver el conflicto y la intervención del resto de los “socios dignos”. Además, negó que la situación sea un problema económico para la empresa. “Debería intervenir más de un organismo del Estado, porque hay un Estado que se esfuerza cada día en generar empleos privados y nos encontramos con el presidente de un club, como Arturo Navarro, un club que tiene fines sociales, y está atacando 35 fuentes directas de empleo. ”, afirmó Canó.

Navarro acudió al cruce del empresario y aseguró que Cano no tenía intención de renovar el contrato. Agregó que la decisión de rescindir el contrato se tomó en una asamblea de accionistas y garantizó que los empleados no perderán su fuente de trabajo ya que la condición para el nuevo inquilino será que absorba a la gente. Asimismo, afirmó que “la empresa Plaza 25 SRL tenía contrato hasta el día de hoy; estaba previsto que si querían renovar este contrato debía establecerse tres meses antes.

Hace un mes recibí una llamada telefónica de Esteban Cano notificándome que no renovará el alquiler”, había comentado oportunamente Navarro en diálogo con Multimedios Ancasti.

Cano respondió que “la primera aclaración es que parece una ofensa a la inteligencia de cualquiera imaginar que como empresario y con 35 fuentes de trabajo uno puede decir ‘no voy a renovar’, no tiene fundamento ni coherencia”. Por otro lado, negó que no se hayan cumplido puntos particulares del contrato, como el “50% de descuento” para socios del Club Social 25 de Agosto. “Los descuentos se han hecho. Eso está en los registros informáticos, absolutamente todos los camareros que trabajan en el lugar lo pueden decir”, argumentó en ese momento el concesionario del Bar Caravati.

Siete meses después del inicio del conflicto, se sumó otra denuncia. La situación estaría lejos de resolverse.