Se sabe que el país cuenta con vastos recursos de litio, este mineral estratégico se está posicionando como un referente en la industria mundial de energías limpias. Los productores actuales en Chile siguen siendo los mismos y se destacan a nivel global: SQM y Albemarle, que están impulsando el desarrollo de nuevas tecnologías para una extracción más eficiente y sustentable. Además, Chile está estableciendo una Estrategia Nacional del Litio con objetivos claros que son:
-Aumentar la riqueza del país.
-Desarrollar una industria sustentable tanto a nivel nacional como global.
-Promover la tecnología y los encadenamientos productivos
-Fortalecer la sostenibilidad social y ambiental
-Contribuir a la diversificación productiva y al potencial de crecimiento regional.
Esta estrategia debe incorporar la colaboración público-privada y la participación activa del Estado en todo el ciclo industrial del litio, desde la exploración hasta la agregación de valor. Para liderar este proceso se han creado instituciones como la Empresa Nacional del Litio y el Comité Corfo Litio y Salares. Además, se promueve el desarrollo de capacidades a través de un Instituto Público Tecnológico y de Investigación del Litio y Salares.
Una estrategia que se ha propuesto como alternativa válida es la implementación de Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL). Estos contratos fueron concebidos por el Poder Ejecutivo para abordar un problema fundamental relacionado con la dificultad de explotar el litio presente en varios salares de Chile. Aunque no es una idea reciente, ya que, en 2007, durante el gobierno de la presidenta Bachelet, se licitaron los llamados Contratos Especiales de Operación Petrolera (CEOP), los cuales estaban vinculados a recursos de hidrocarburos. De hecho, los CEOL representan un esfuerzo significativo para encontrar soluciones sustentables que permitan aprovechar el potencial del litio en Chile.
Estos contratos consideran tanto su valor económico como su impacto ambiental y social. Sin embargo, surgen preguntas adicionales de esta iniciativa. ¿El Estado incorporará una regalía al CEOL, similar a lo que se hizo con Codelco en el salar de Maricunga? La respuesta a esta pregunta es relevante para garantizar una distribución equitativa de los beneficios que genera la explotación del litio.
En cuanto a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), es un acto administrativo definitivo en el proceso de evaluación ambiental. A través de la RCA se otorga una calificación ambiental al proyecto o actividad presentada al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Además, el RCA establece las condiciones y requisitos ambientales que deben cumplirse durante la ejecución del proyecto o actividad. La cuestión de si mejorarán los tiempos de evaluación y aceptación de RCA es crucial.
Sin embargo, la licitación del CEOL no es la solución definitiva. En realidad, la solución definitiva debería abordar la raíz del problema, que es fundamentalmente legal. Esto se debe a que el Decreto Ley 2.886 de 1980 y el Código de Minería de 1983 establecen el carácter estratégico del litio y otorgan al Estado exclusividad en su explotación (excepto en aquellas concesiones regidas por el Código de Minería de 1932). Sin embargo, desde una perspectiva técnico-económica, no hay razón para mantener esta exclusividad en manos del Estado en la actualidad. La verdadera solución debe ser abordada por el Poder Legislativo (es decir, el Congreso), ya que es el único organismo capaz de encontrar una solución de largo plazo a la explotación del litio. Si bien las CEOL pueden solucionar el problema en el corto plazo, es crucial que se genere el interés necesario entre los congresistas para resolver definitivamente esta situación incómoda para la industria y, sobre todo, ineficiente para el Estado de Chile.
