El concejal radical Javier Fabre presentó un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba donde propone que los funcionarios municipales se abstengan de bloquear a usuarios de redes sociales.
“Bloquear a un usuario de una red social es una forma moderna de silenciar a un ciudadano. Es una medida que pretende imponer la censura previa”, explicó Fabre sobre la iniciativa.
En el caso de este proyecto, “el desafío es encontrar una regulación que combine la libertad de expresión, el derecho de petición ante las autoridades y de acceder a información en el ecosistema virtual, con el derecho individual a bloquear a un usuario como parte de la autonomía”, agregó el concejal.
“Córdoba debe estar a la vanguardia de la calidad democrática digital y ser la primera ciudad en legislar sobre este tema porque la agenda pública hoy se construye no sólo desde los medios tradicionales sino también desde las plataformas digitales, que abren nuevos foros horizontales de análisis y debate”, Fabre destacó.
“Está claro que hay una coincidencia básica: los ciudadanos, a través de espacios digitales, interactúan y conocen las actividades del funcionario. Desde esa perspectiva, es inaceptable y arbitrario bloquear a un usuario, salvo que exista un motivo debidamente justificado”, concluyó el concejal.
Los fundamentos del proyecto.
La sociedad de la información plantea nuevos escenarios para el intercambio de ideas y su difusión. Las redes sociales han establecido un entorno de disrupción digital que ha modificado nuestra forma de comunicarnos, acceder a la información e interactuar entre nosotros y con las instituciones.
La agenda pública hoy no sólo se construye desde los medios tradicionales sino también desde las plataformas digitales, que abren nuevos foros horizontales de análisis y debate.
Este contexto de gobernanza algorítmica ha potenciado la libertad de expresión, generando también los excesos y peligros inherentes a la Libertad.
En el caso de este proyecto, el desafío es encontrar una regulación que combine la libertad de expresión, el derecho de petición a las autoridades y de acceder a información en el ecosistema virtual, con el derecho individual a bloquear a un usuario como parte de la autonomía privada de cada uno. Persona que interactúa en una red social. Sin embargo, existen particularidades cuando se trata de las cuentas de aquellos servidores públicos que utilizan las plataformas para informar o comunicar sobre sus actividades funcionales.
La sociedad de la información plantea nuevos escenarios para el intercambio de ideas y su difusión. Las redes sociales han establecido un entorno de disrupción digital que ha modificado nuestra forma de comunicarnos, acceder a la información e interactuar entre nosotros y con las instituciones.
La agenda pública hoy no sólo se construye desde los medios tradicionales sino también desde las plataformas digitales, que abren nuevos foros horizontales de análisis y debate.
Este contexto de gobernanza algorítmica ha potenciado la libertad de expresión, generando también los excesos y peligros inherentes a la Libertad.
En el caso de este proyecto, el desafío es encontrar una regulación que combine la libertad de expresión, el derecho de petición a las autoridades y de acceder a información en el ecosistema virtual, con el derecho individual a bloquear a un usuario como parte de la autonomía privada de cada uno. Persona que interactúa en una red social. Sin embargo, existen particularidades cuando se trata de las cuentas de aquellos servidores públicos que utilizan las plataformas para informar o comunicar sobre sus actividades funcionales.
