08/04/2024. El ministro de Seguridad mantiene su cargo pese a las denuncias en su contra. El caso de inmovilizaciones ilegales contra 23 funcionarios penitenciarios en el caso de presos por tuitear, se suma a la represión en Caspalá y contra la Reforma
Escándalo en el gobierno de Sadir: las prácticas de violencia institucional en el penal de Gorriti tienen autorización política, según revela la investigación de la Fiscalía del MPA sobre las denuncias de coacciones ilegales realizadas por Nahuel Morandini y Roque Villegas. El denominador común con otros casos es la figura de Guillermo Corro, el ministro de Seguridad, quien tiene trayectoria dentro de las fuerzas, además de denuncias. Pese a ello, continúa en la gestión y sólo destituyó a los imputados.
Pasaron cinco días desde que se conoció el pedido de elevación a juicio oral de 23 agentes penitenciarios imputados, entre ellos, el Jefe del Servicio Penitenciario acusado de humillaciones y coacciones ilegales a Nahuel Morandini y Roque Villegas quienes estuvieron 53 días en el penal de Gorriti. Una causa escandalosa que deja en evidencia el disciplinamiento a quienes piensan diferente al exgobernador Gerardo Morales y el impacto en el poder judicial.
La investigación de oficio del fiscal Diego Funes presenta como prueba filmaciones y testimonios y sostiene que las prácticas en el Servicio Penitenciario son institucionales, comunes en el pabellón 2 y no solo se aplicaron a Morandini y Villegas, sino también a otros detenidos.
La investigación es lapidaria y confirma las denuncias de los tuiteros sobre la violencia institucional que sufrieron y es similar a la de muchos detenidos en el marco de la Reforma. El Ejecutivo provincial negó en varias oportunidades prácticas de violencia institucional, cuando se conoció la denuncia de Morandini dentro del penal (28 de febrero) fue el ahora imputado jefe del servicio, Julio Vaca, quien aclaró a la prensa que “el ingreso-detenidos- También consiste en que el interno reciba la atención de todo un equipo interdisciplinario, llamado departamento psicológico, departamento de Servicio Social y la parte importante de Seguridad Interior”, argumentó, ignorando el trato inhumano a los detenidos.
El caso de los tuiteros se encuentra paralizado, tras la divulgación de ambos el expediente no ha movido, afirmó la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, defensa de Morandini.
Por esos días fue el mismo exgobernador Gerardo Morales quien expresó en los medios que las denuncias de Morandini eran falsas, que había consultado al Ministro de Seguridad y lo desmintió y avanzó que presenten pruebas. El fiscal Funes presentó pruebas de los abusos en el penal. Los hechos no fueron investigados antes y existe una decisión aparentemente política de naturalizar la violencia.
En ese contexto, el ministro de Seguridad de la provincia, Guillermo Corro, continúa en su cargo, pese a haber considerado sobre la causa de los tuiteros “hay una investigación en marcha, hay miembros del servicio penitenciario que han sido separados por el momento hasta la investigación avanza. Desde el Ministerio estamos a disposición de la fiscalía, de la justicia para aportar pruebas”, dijo el funcionario que también tiene denuncias penales por otros motivos como la represión de la Reforma, Caspalá, y otros. Corro fue ministro de Seguridad en el Gabinete de Morales y continúa en la gestión de Carlos Sadir.
Así, en el caso de los tuiteros, uno de los imputados Morandini, profesor universitario, expresó “queremos que el proceso sea minucioso, porque el caso es ilegal y excesivo. “Queremos la fiscalía”, afirmó ante la acusación por publicaciones en redes contra el exgobernador Gerardo Morales y su esposa Tulia Snopek sobre su vida privada.
“Quiero saber quién dio la orden, quién dijo que había que arrestar a Morandini”, afirmó la docente jujeña a Saltar 12. “Hubo una orden política que me señalaba arrestarme y condenarme”, consideró. “Quiero saber quién dio la orden de perseguirme y hostigarme a mí, así como a mis amigos y familiares”, repitió enfáticamente. “Nos sentimos vulneradas, perseguidas. Estamos en tensión permanente. Estamos en riesgo”, recalcó nuevamente, “porque hoy el caso está latente, pero mañana de repente vuelven a actuar. Queremos al político responsable de todo lo que nos tocó pasar y también de todo lo que estamos pasando hoy”, subrayó.
La causa judicial que se desarrolló el pasado 4 de enero, luego de espionaje, persecución a Morandini y Villegas, detenciones arbitrarias e irregularidades en el procedimiento. Por esos días, el fiscal Walter Rondón que lidera la investigación había expresado que había 11 personas por ser detenidas por las “publicaciones en redes sociales”, luego dijo que no habría detenciones y se giró orden de aprehensión contra Lucía González , amigo de Morandini.
