En las últimas horas, las autoridades confirmaron la captura de Walter David Mejía Carrillo, implicado en la muerte de cuatro miembros de la comunidad Kankuamo, caso que se remonta al año 2002. Según informes, esta persona es buscada para fines de investigación, ya que un posible responsable del delito de homicidio agravado en persona protegida, dado el estatus especial de las víctimas dentro de su comunidad indígena.
Mejía Carrillo fue capturado en plena vía pública en Valledupar, ciudad ubicada en el departamento del Cesar, por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en respuesta a una orden judicial emitida por un fiscal de la Dirección Especializada contra Infracciones. de Derechos. Humanos. La detención se produjo luego de una investigación que señala al presunto delincuente como colaborador del Bloque Norte de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), a quienes habría guiado hasta Atánquez, lugar de los asesinatos.
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Según detallaron las autoridades, el 8 de diciembre de 2002 esta asociación criminal detuvo y asesinó a Abel Francisco Alvarado Maestre, el mamo del consejo Kankuamo, junto a otras tres personas en hechos separados. Entre las víctimas se encontraba un campesino, identificado como Alfredo Antonio Borrego; un transeúnte del mercado local, de nombre José Manuel Cáceres Rodríguez y un agricultor, de nombre Franklin Manuel Arias Arias; todos asesinados en circunstancias de extrema violencia que atrajeron la atención y el repudio nacional e internacional. Cabe señalar que luego del ataque, el cuerpo del líder espiritual fue encontrado en una zona boscosa, presentando múltiples impactos de arma de fuego a corta distancia, lo que demuestra la brutalidad de los hechos cometidos.
También es necesario mencionar que estos homicidios se suman a una serie de actos violentos perpetrados contra la comunidad Kankuamo entre 2002 y 2005, tema que ha sido objeto de especial atención por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La Sala de Reconocimiento de la entidad ha recibido informes y testimonios presentados por familiares de al menos ocho víctimas del mencionado pueblo indígena, detallando ejecuciones extrajudiciales y presentación ilegítima de muertes en combate, implicando a unidades militares del Batallón de Artillería No. 2 La Popa, en actividades delictivas. contra la población, lo que resalta la importancia de la captura de Mejía Carrillo en el desarrollo de esfuerzos para garantizar justicia y reparación a las víctimas y sus familiares.
Respecto de las “Muertes presentadas ilegítimamente como bajas en combate”, es decir el caso 03, dicha sala ha recibido aproximadamente 22 reportes y acreditado al menos 373 personas afectadas, incluyendo la intervención especial de las autoridades de los pueblos Kankuamo y Wiwa.. Asimismo, se han practicado cerca de 200 versiones voluntarias a testigos vinculados a las unidades militares antes mencionadas; de hecho, 59 de ellos estaban vinculados al Batallón La Popa, con base en Valledupar.
Finalmente, la Ley 600 de 2000 será la base jurídica del proceso contra Mejía Carrillo, la cual destaca la aplicación de normas previas al Sistema Penal Acusatorio en casos de delitos que tienen profundas implicaciones sociales y culturales, como complemento a la expedición de la Ley 599 de 2000. Con esta detención, demuestra la posibilidad de acceso a la justicia para las comunidades indígenas afectadas y refuerza el mensaje de que los crímenes contra personas protegidas no quedarán impunes.
La Defensoría del Pueblo de Colombia expresó su preocupación por la falta de medidas efectivas en la Sierra Nevada de Santa Marta, que han dejado a sus habitantes expuestos a conflictos territoriales. En el centro de esta situación están los Enfrentamientos entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, que están afectando gravemente a seis comunidades indígenas y a grupos de campesinos y afrocolombianos de la región.
Estas comunidades, identificadas como Ette Naka, Yukpa, Arhuaco, Kogui, Kankuamo y Wiwa, junto con residentes que dependen de la agricultura, han visto vulnerados sus derechos fundamentales, según informes presentados por la entidad. Estos documentos incluyen Alertas Tempranas y seguimientos que resaltan los peligros inminentes a los que están sometidos estos pueblos debido a los conflictos armados. La entidad de defensa llamó al gobierno nacional a tomar acciones inmediatas y efectivas para atender la crítica situación humanitaria que enfrentan las comunidades de la Sierra.
