Autoridades de Casanare evalúan presuntas amenazas a 38 líderes políticos y sociales. – .

El secretario de Gobernación Departamental, Julio Ramos, detalla las presuntas amenazas a líderes políticos y sociales en Casanare. Destaca la necesidad de evaluar cada caso para brindar protección y garantizar la integridad de los afectados.

En entrevista exclusiva, el Secretario de Gobernación Departamental, Julio Ramos, brindó un detallado informe sobre la mesa de trabajo del Consejo de Seguridad. Este evento tuvo como objetivo evaluar las presuntas amenazas a líderes políticos y sociales en Casanare.

Según Ramos, las amenazas pueden estar relacionadas con diversos factores, como contratos públicos y la presencia de grupos armados organizados en el departamento. También mencionó la posibilidad de que las denuncias públicas puedan causar malestar a determinadas personas.

El Secretario llamó a las autoridades y entidades correspondientes a atender estas amenazas y garantizar la protección de la vida e integridad de los afectados. Se comprometió a monitorear y evaluar minuciosamente cada caso para brindar la atención necesaria.

Ramos también expresó preocupación por el mal uso de las amenazas, señalando que algunas personas podrían aprovechar esta situación para beneficio personal. Sin embargo, reafirmó la importancia de brindar protección a todos los casos que así lo requieran.

Respecto a las cifras, se mencionó que se han reportado 38 casos de presuntas amenazas, aunque se enfatizó en la necesidad de evaluar cada uno individualmente para determinar su veracidad y nivel de riesgo.

Entre los más relevantes se encuentran

Anderson Sandoval Bernal Tello, alcalde de Orocué; Manifiesta reiteradas amenazas tipo extorsión, aparentemente provenientes de actores armados ilegales que lo invitan a una supuesta reunión en el municipio de Puerto Rondón, jurisdicción del departamento de Arauca, para establecer el impuesto o contribución para la organización insurgente.

William Forero, alcalde de Támara; En conjunto con la declaración presentada por el representante del municipio de Támara Luis Alfredo Plazas Heredia, quien afirma haber recibido una versión de la comunidad en la que al parecer presuntos actores armados estarían intentando contactar al alcalde del municipio de Támara William Forero bajo intimidación, situación que representa un alto riesgo tanto para la comunidad como para el líder municipal.

Bernardo Pérez Fonseca, intendente de Chámeza; Afirma que: «El 22 de febrero de 2024 fui nuevamente objeto de amenazas e intimidaciones a través de un panfleto del ELN en el que me citaban y amenazaban con realizar actos lamentables en mi contra. Amenazas de alias ANTONIO MEDINA y JEAN CARLO MEDINA, pertenecientes al Grupo Armado Organizado Residual del Frente 28 de las FARC, las cuales fueron comunicadas a mi abonado telefónico personal en los meses de enero y febrero a través de mensajes de WhatsApp y notas de voz, donde realizan citaciones y exigencias económicas para el financiamiento y pago de extorsiones, así como videos intimidatorios.»

Angel Mir Bernal Bernal, Wilder Alexander Bernal Jiménez, Marisol Bernal Bernal, Concejales y Síndico de Aguazul; en situación de desplazamiento forzado, víctima de amenazas y asesinato de su hermano Wilfredo Bernal Bernal el 19 de enero de 2024, aparentemente por actores armados ilegales. Grupo familiar que registra las reiteradas amenazas y presiones que se ejercen sobre ellos, por lo que solicitan apoyo a las entidades encargadas para que se implementen las medidas necesarias para proteger su vida e integridad.

Arsenio Sandoval Barrera, exfuncionario del Invías; víctima de amenazas y extorsiones, panfletos y mensajes por parte de un presunto grupo armado ilegal.

Luis Albeiro Camacho Higuera, subdirección de Pastoral Social Dpto. Casanare, Clérigo de la Iglesia Católica; Presuntas amenazas y motivos por establecer. Amenazas del Sr. Jhon Jairo Torres Torres

Finalmente, se destacó que estas amenazas afectan a diversos sectores de la sociedad, incluidos empresarios, líderes sociales, alcaldes y funcionarios de gobierno. Se destacó la importancia de abordar cada caso de manera integral y garantizar la seguridad de todos los involucrados.

 
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