el juez federal Julián Ercolini ordenó nuevos allanamientos este viernes en el contexto del caso de Escándalo del seguro estatal durante la gestión de Alberto Fernández, quién se encuentra entre los acusados. Se investigan negociaciones en la ANSeS y otros organismos oficiales con la contratación de brokers que cobraban comisiones millonarias.
el magistrado busca obtener todo tipo de documentación relacionados con la contratación de pólizas para jubilados que contrataron créditos con la ANSeS y lo pagado a intermediarios cercanos al gobierno anterior, entre otras irregularidades denunciadas. El caso se abrió después de un Investigación Clarín.
Hasta el momento no se han dado detalles sobre dónde se realizan los allanamientos para no entorpecer la investigación, pero sí dicen que hay más de 20 procedimientos y que están a cargo de la Policía Federal.
No es la primera vez que el juez Ercolini ordena este tipo de medidas: a principios de marzo allanaron viviendas particulares y comerciales del el extitular de Nación Seguros, Alberto Pagliano; el intermediario cercano a Alberto Fernández, Héctor Martínez Sosa, y el intermediario Pablo Torres García, con fuertes vínculos con Sergio Massa y el líder macrista Nicolás Caputo.
La investigación busca desentrañar las maniobras iniciadas a finales de 2021, cuando Alberto Fernández ordenó que todos los seguros estatales tuvieran que pasar por Nación Seguros, empresa que a su vez Contrató a un corredor y subcontrató la mayoría de las pólizas a aseguradoras privadas.
La causa penal se centra en esta red de contratación. La investigación judicial comenzó después Clarín Reveló una estructura que operaba dentro de la ANSeS y que movía cerca de 20.000 millones de pesos anuales y 300 millones en comisiones mensuales de seguros.
Los 20.000 millones de pesos, consignado en la denuncia presentada por la abogada Silvina Martínez, es lo que “ANSeS paga por año a la Nación para asegurar la vida de los jubilados y pensionados a quienes otorga créditos: desde 2011 -hasta la decisión de Alberto Fernández- había estado otorgándolos sin este seguro”.
A su vez, Nación Seguros subcontrató a otras aseguradoras y, como puente entre ambos organismos estatales, la Justicia ahora pone la lupa, entre otros, un broker que habría recibido comisiones tres veces superiores a las del mercado: 17%. Esto representó unos 300 millones de pesos mensuales.
Ahora, el juez quiere tener todos los acuerdos o contratos realizados desde los diferentes departamentos del Estado que firmaron contratos de seguro y que se regieron por las normas que habilitan la figura de intermediarios.
Durante los cuatro años que Alberto Fernández fungió como presidente, Nación Seguros estuvo a cargo de Pagliano, un amigo de la juventud de Alberto Fernández quien lo acompañó cuando comenzó, en los años 90, en ese campo pero del lado del Estado. Este vínculo y posible tráfico de influencias está bajo análisis por parte de la justicia federal. Pagliano es otro de los acusados.
Con los allanamientos ya realizados y los dispuestos este viernes se pretende esclarecer el papel de intermediarios de Pablo Torres García y Héctor Martínez Sosa, casado con la secretaria de Alberto Fernández, María Cantero.
El tribunal también busca determinar si este esquema fue replicado en el Ministerio de Seguridad durante la presidencia de Alberto Fernández. Se habla de más de 800 millones de pesos que se habrían volcado en este circuito presuntamente ilegal y que es objeto de la investigación penal.
