Las protestas sociales y bloqueos que se han presentado en diferentes puntos del país en lo que va del año han obligado a varias empresas del sector petrolero, minero y eléctrico a retirarse de proyectos.
Uno de los casos más recientes es el de Enel Colombiaquien anunció esta semana la suspensión indefinida de la ejecución del proyecto eólico Windpeshi, que su filial Enel Green Power venía desarrollando desde hace varios años en el departamento de La Guajira.
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Esto se debe a la imposibilidad de garantizar los ritmos de construcción del proyecto debido a los múltiples bloqueos realizados por algunas comunidades que, según la empresa, no permitieron mantener el ritmo continuo de las obras.
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Pero esta no es la única empresa que en los últimos meses ha decidido retirarse de un proyecto por este motivo. Hace unas pocas semanas, Frontera Energía decidió devolver a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) dos contratos que no ha podido operar por problemas de seguridad.
Se trata de CAG-5 y CAG-6 que tiene en asociación con la petrolera española Repsol en la cuenca Caguán-Putumayo. “Estamos constantemente revisando aquellos contratos que desde hace algunos años han tenido algunas flexibilizaciones por temas de seguridad”, dijo Andrés Sarmiento, director de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos de Frontera Energy.
Lo mismo sucedió con la petrolera. Geoparque que inició trámites ante la ANH para cancelar los contratos de 6 bloques que tiene en el departamento de Putumayo por “causas de fuerza mayor” que hacen inviable su operación.
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En total, según el ANHactualmente hay 67 contratos petroleros en proceso de terminación por conflictos sociales, problemas ambientales y problemas de orden público en los territorios.
---Otro caso muy publicitado fue el de la petrolera Energía Esmeralda que tras la toma violenta realizada por campesinos el 2 de marzo en las instalaciones del campo Capella, ubicado en el municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá), decidió suspender las operaciones que venía realizando en el bloque Ombú.
Finalmente, se quedó con un bloque activo -el de Maranta, en Putumayo- de los 5 que tenía.
En el campo Capella, del bloque Ombú, se produjeron 2.000 barriles de petróleo por día, y según datos de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP)), debido a los hechos violentos ocurridos, el país dejó de recibir 2.600 millones de pesos en regalías, de los cuales 650 millones de pesos correspondían a San Vicente del Caguán.
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¿Cómo está el sector de hidrocarburos?
En 2022, según la ACP, hubo 1.056 bloqueos a las operaciones de la industria de hidrocarburos, lo que representa un aumento de 36 por ciento respecto al año anterior.
En promedio se reportaron 2.9 bloqueos diarios y los departamentos más afectados fueron Santander, Meta, Casanare, Putumayo y Arauca.
Además, el año pasado hubo 20 ataques o voladuras en oleoductos.
Y en lo que va del año, corte a abril, el gremio reporta 8 voladuras en oleoductos, un tiro en las instalaciones de un campo en Caquetá, el secuestro de un contratista de una empresa proveedora de bienes y servicios del sector en Puerto Gaitán, además de la circulación de panfletos y extorsiones en Arauca, Meta y Casanare por parte de grupos armados ilegales.
“Estas acciones no solo afectan a la industria, sino también a las comunidades cuya vida e integridad se ponen en riesgo de la misma manera y se violan otros derechos; las regiones y el país también se ven afectados considerablemente debido a que se reducen sus ingresos tributarios por la inversión en el sector y sus regalías, entre otros impactos”, dice el gremio liderado por Francisco José Lloreda.
