Este domingo, una mujer se ha sumado a la lista de poco más de una decena de ellos que han sido elegidos por voto popular para ocupar la presidencia de sus respectivos países en América Latina. La primera fue la nicaragüense Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997); mientras que la argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) y la chilena Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) son quienes permanecieron más tiempo en el cargo, tras dos mandatos cada una.
Sin embargo, es bueno aclarar que la primera en ocupar la presidencia de un país de nuestra región fue María Estela Martínez de Perón (1974-1976), pero lo hizo desde la vicepresidencia por sucesión al fallecer el presidente, su esposo. . Juan Domingo Perón.
La singularidad de llegar al final de la carrera presidencial con dos mujeres como líderes –Claudia Sheinbaum, del partido Morena, y Xóchitl Gálvez, de la coalición Fuerza y Corazón– es una señal inequívoca de la consolidación de la presencia femenina en el ámbito político. vida de México, que este domingo celebró las elecciones más grandes de su historia: unos 20 mil cargos en disputa y más de 100 millones de electores.
¿Retrato de un país?
El escenario podría entenderse como un hito significativo en una nación en la que, más allá del machismo y la violencia de género, las mujeres son mayoría en la militancia partidista y en los eventos de campaña.
Al igual que ocurre en otros países de la región, la tasa de natalidad y el número promedio de hijos han disminuido constantemente en las últimas décadas. Los niveles de educación, por otra parte, han ido aumentando, aunque las mujeres todavía tienen tasas de analfabetismo más altas que los hombres.
En México representan el 52% de la población y el 40% de los graduados universitarios, aunque el empleo femenino tiende a concentrarse en áreas profesionales como educación, enfermería y trabajo social. También en el comercio y las industrias manufactureras, según un informe de 2023 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de ese país.
Los precedentes de la presencia femenina en la política mexicana se remontan a 1923 cuando Elvia Carrillo Puerto ocupaba el cargo de diputada estatal. Desde entonces, los avances en este ámbito han sido progresivos, pero no estables, ya que hubo momentos de gran impulso y otros en los que los cambios se ralentizaron.
El derecho de las mujeres mexicanas a votar y ser votadas en algunas instancias del poder político se remonta a 1953, pero no fue hasta 1979 que hubo una gobernadora (Griselda Álvarez, estado de Colima). La primera en postularse para la presidencia fue Rosario Ibarra de Piedra, quien compitió, sin éxito, en las elecciones de 1982 y 1988.
En 1993 se impuso el consenso de que los partidos políticos promuevan la participación femenina, idea incluida en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe). La ley recomendaba establecer cuotas de participación. La Reforma Electoral de 2014, por su parte, estableció la paridad de género en las candidaturas a legisladores federales y locales. La Reforma Constitucional de 2019 cumplió ese propósito y estableció que las listas de candidatos a cargos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben estar integradas por igual número de hombres y mujeres.
Esa decisión abrió el camino para que la jurista Norma Lucía Piña Hernández se convirtiera en la primera mujer electa presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal en 2023; y que una docena de mujeres mexicanas llegaron a ser gobernadoras de igual número de estados.
Hoy las mujeres mexicanas ocupan el 44% de los cargos públicos en gabinetes ministeriales y de gobierno, cifra que las ubica en el quinto lugar de esa categoría en la zona Iberoamericana, según el Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. .
Pero tener más mujeres en el poder político no es garantía de una legislación que haga efectiva la igualdad y la justicia. Prueba de ello son las desventajas que persisten en este sector poblacional en materia de salarios, protección ante la violencia y acceso a los sistemas de salud.
Uno de los desafíos de la nueva presidenta será incorporar la perspectiva de género a su agenda como estadista, lo que contribuirá a superar obstáculos culturales, políticos, mediáticos y socioeconómicos en una sociedad patriarcal en la que el empleo formal es menos para ellas, la brecha El salario promedio significa que ganan un 16% menos que los hombres, y más del 70% de las mujeres mayores de 15 años son víctimas de algún tipo de violencia.
