En medio de un plantón este jueves en las afueras del Complejo Judicial Norte, un grupo de ciudadanos presentó el pedido de audiencia para dictar medidas cautelares y poner freno a la situación.
Según ellos, no les permiten visitar a sus seres queridos desde hace cinco meses y sobre todo están preocupados por la falta de alimentos y medicinas.
Estefanía Garzón, cuyo familiar se encuentra recluido en el penal de Cotopaxi, comentó que recientemente lograron traer tres camiones de comida, pero que han sido insuficientes para todos los reclusos de ese penal.
Paralelamente, esta mañana representantes del Gobierno presentaron una solicitud a la Fiscalía General del Estado para que se investigue a la empresa encargada de proveer alimentos a los centros penitenciarios por supuestas irregularidades.
Las alertas recibidas han generado un considerable interés debido a la gravedad que podrían tener los presuntos delitos y la posible implicación de la empresa LaFattoria SA, señala el documento del Ejecutivo.
Desde hace semanas se denuncian problemas de acceso de los presos a la alimentación, aunque el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) afirmó el pasado viernes que “la comida está garantizada”.
A este problema se suma que el Comité de Familiares de Presos asegura que la tortura continúa en los centros penitenciarios y refiere violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, que desde enero tomaron el control de las principales cárceles.
La militarización de las cárceles ecuatorianas se dio en el marco del estado de excepción y conflicto armado interno declarado por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, contra el crimen organizado en medio de una escalada de inseguridad a nivel nacional.
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