La situación de los derechos humanos en Venezuela no ha experimentado cambios significativos, y los informes de violaciones, incluidas ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad de la dictadura venezolana, siguen siendo críticos. Nicolás Maduro. Organizaciones no gubernamentales (ONG) como Provea y el Centro Gumilla documentaron cientos de asesinatos en operativos de seguridad, siendo un alto porcentaje de las víctimas hombres jóvenes de zonas pobres, según el informe anual de la Departamento de Estado Norteamericana. Además, el Monitor de Uso de Fuerza Letal registró 432 muertes que involucraron a fuerzas de seguridad solo hasta agosto, con la Policía Nacional Bolivariana (PNB) a la cabeza en número de casos.
Por Infobae
Al caos también contribuyen las acciones de grupos armados no estatales y bandas criminales, involucradas en violencia, trata de personas y explotación de comunidades indígenas, como es el caso de los yanomami. Se señalaron acusaciones de reclutamiento forzado de niños por parte de estos grupos armados ilícitos, presentándose incluso una determinación de la Secretaría de Estado de que Venezuela apoyó tales prácticas durante el período de abril de 2022 a marzo de 2023, según el informe consultado. Infobae.
El Foro Penal y la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia denunciaron cientos de casos de tortura que no fueron denunciados por temor a represalias. Las víctimas a menudo fueron sometidas a tratos crueles como asfixia, descargas eléctricas y fracturas de huesos, lo que pone de relieve la impunidad con la que operan las fuerzas de Maduro.
“La Defensoría del Pueblo, amiga de Maduro, no publicó estadísticas sobre denuncias de tortura por parte de la policía durante el año. Varias ONG denunciaron casos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes”, señala el informe difundido por el secretario Antony Blinken. “Grupos de derechos humanos y la FFM informaron que representantes de Maduro continuaron influyendo en el fiscal general y los defensores públicos para que realizaran investigaciones de manera selectiva y subjetiva. Las ONG nacionales de derechos humanos Foro Penal y Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia sostuvieron que cientos de casos de tortura no fueron denunciados porque las víctimas temían represalias”.
El texto continúa: “En ocasiones, los jueces ordenaron prisión preventiva en instalaciones del Servicio Nacional de Inteligencia (SEBIN) o de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), incluso cuando los detenidos alegaron ante el tribunal que habían sido torturados o presentaban signos compatibles con tortura”.
“Los medios de comunicación y las ONG informaron que agentes militares y policiales pro Maduro golpeaban y humillaban periódicamente a los sospechosos durante los arrestos. También se denunciaron casos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes contra presos. Personas alineadas con Maduro sometieron a los detenidos a asfixia, descargas eléctricas, fracturas de huesos y ahorcamiento de las extremidades. Los detenidos también fueron sometidos a bajas temperaturas, privación sensorial y privación del sueño; Los obligaron a pasar horas de rodillas y esposados durante largos períodos de tiempo. Algunos detenidos y sus familiares denunciaron haber recibido amenazas de muerte. Los detenidos informaron que las fuerzas de seguridad que apoyaban a Maduro los trasladaron de los centros de detención a hogares y otros lugares clandestinos donde se cometieron abusos. El trato cruel a menudo implicaba negar a los presos atención médica y mantenerlos en régimen de aislamiento durante largos períodos. Las ONG informaron que algunos detenidos habían sido víctimas de violencia sexual y de género por parte de las unidades de seguridad.señala el texto.
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