Ecuador aprobó la extradición y otras medidas de seguridad en la consulta popular y referendo propuesto por el presidente Daniel Noboa que hoy lo dejan sin excusas para frenar la escalada de violencia.
Al conocer los resultados preliminares del proceso consultivo de este domingo, el propio presidente reconoció que tendrá “más herramientas para combatir el crimen y devolver la paz a las familias ecuatorianas”.
Las propuestas que respaldaron los ecuatorianos incluyen la presencia permanente de militares en patrullas conjuntas con la policía, sentencias más largas por terrorismo, asesinato y otros delitos y mayores controles de armas en zonas cercanas a las cárceles, entre otras.
El plebiscito contó con la participación del 72 % de los más de 13,6 millones de ecuatorianos convocados a las urnas, en una jornada marcada por el asesinato del director de una prisión y el intento de motín en un penal que dejó al menos cuatro heridos.
Aunque aún no están disponibles los números definitivos y el escrutinio continúa, el Consejo Nacional Electoral dio a conocer los resultados de un conteo rápido que arrojó un rechazo mayoritario a dos de las 11 preguntas de la papeleta, las relacionadas con el trabajo por horas y el arbitraje internacional.
En opinión del economista Alberto Acosta, prevaleció la defensa de la soberanía nacional y los derechos laborales, y también el temor que genera la creciente inseguridad, que no encontrará salida con más represión y populismo penal.
Organizaciones políticas catalogaron los resultados como una victoria popular por decir No a las dos propuestas que buscaban ceder soberanía y aumentar la precarización laboral.
El expresidente ecuatoriano Rafael Correa, líder de la Revolución Ciudadana, recordó que el actual gobernante destinó 60 millones de dólares a una consulta innecesaria en la que afortunadamente se impidió que se aprobara el trabajo por horas y el arbitraje internacional.
Para entrar en vigor, parte de las cuestiones aceptadas deberán ser analizadas primero por la Asamblea Nacional (Parlamento), que deberá desarrollar los marcos regulatorios en 60 días.
Expertos jurídicos consideran que a partir de ese momento Noboa no tendrá excusas para poner freno a la inseguridad, aunque advierten que la implementación de las propuestas de consulta no servirá de mucho si no se adoptan medidas sociales para reducir la desigualdad. .
“Las joyas de la corona fueron el contrato por horas y los tribunales arbitrales internacionales (…) Las otras cuestiones de seguridad son temas que mayoritariamente se van a tramitar a través de la Asamblea Nacional”, dijo el abogado Mauro Andino.
El analista político advirtió que ahora el gobernante será rehén de su propia demagogia al generar expectativas para reducir la delincuencia, cuando bien sabe que un fenómeno tan complejo no se puede resolver con regulaciones.
