Con un acto oficial en la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE), en Quito, encabezado por autoridades electorales y de Gobierno y bajo un estricto esquema de seguridad, quedó inaugurada la jornada de votación.
La titular del CNE, Diana Atamaint, garantizó “legalidad, legitimidad y transparencia” en el proceso de este domingo, para el que están habilitados 13,6 millones de electores dentro y fuera del país.
En el acto, donde estuvieron presentes Noboa, ministros, altos mandos policiales y militares, además de observadores, entre otros invitados, Atamaint se refirió a la complejidad del recuento de votos y reiteró que los primeros resultados se conocerán a partir de las 7:00 horas. pm y 7:30 pm (hora local).
Por su parte, el jefe de Estado llamó a los ecuatorianos a votar por “el futuro que queremos” y prometió acatar y respetar la decisión popular.
El mandatario señaló que el resultado de la consulta definirá el rumbo y la política de Estado que se tomará para enfrentar el desafío de la violencia, el crimen organizado, la lucha contra la corrupción y la generación de empleo.
Es nuestro momento de hacer historia, enterraremos a un país de violencia, de angustia y daremos paso a un nuevo Ecuador, afirmó el presidente.
El presidente del Tribunal Contencioso Electoral, Fernando Muñoz, recordó que desde 1978 el país ha optado por realizar varios referendos para definir temas trascendentales.
Cada voto emitido hoy definirá la estructura jurídica, las políticas de gobierno y el accionar de las entidades públicas, añadió Muñoz.
Las elecciones están previstas hasta las 17.00 horas (hora local), cuando se cerrarán todos los recintos y comenzará el conteo.
Los ciudadanos deberán votar Sí o No en cada una de las 11 preguntas que aparecen en la boleta.
Cinco de las preguntas involucran modificaciones a la Constitución, incluida la posible participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía contra el crimen organizado y otra pregunta que permite la extradición de ecuatorianos.
Otros cuestionamientos abordan la posibilidad de establecer tribunales en materia constitucional, reconocer los arbitrajes internacionales y agregar los contratos temporales y por horas al Código del Trabajo, temas polémicos criticados por organizaciones sociales y políticas.
Seis preguntas no implican cambios en la Carta Magna, sino reformas a la normativa existente, como aumentar las penas por delitos de terrorismo, narcotráfico, crimen organizado, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro para pedir rescate, tráfico de armas, entre otros. .
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