“Con la presentación de una acusación avanza un caso de importancia nacional, sin que ello signifique que el expresidente pierda su presunción de inocencia y el derecho al debido proceso”.
Foto: AFP – RAÚL ARBOLEDA
La decisión de la Fiscalía en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez corrige una gran contradicción que ha vivido el país en los últimos años. Si bien tanto la Corte Suprema de Justicia como otros cinco jueces de la República habían considerado que el proceso merecía un mejor análisis de las pruebas disponibles, los fiscales encabezados por Francisco Barbosa habían insistido en solicitar la preclusión. Ahora, con la presentación de una acusación, avanza un caso de importancia nacional, sin que ello signifique que el expresidente pierda su presunción de inocencia y el derecho al debido proceso. Las instituciones se fortalecen cuando demuestran transparencia en situaciones de crisis como ésta.
Este caso convulsiona al país desde 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia consideró que existían sospechas de pagos indebidos a testigos con el objetivo de dañar la reputación del senador Iván Cepeda, hoy integrante del Pacto Histórico. En 2020, cuando el alto tribunal emitió una orden de alejamiento contra el expresidente Uribe, la respuesta del Centro Democrático fue pedir una asamblea constituyente (la historia colombiana es circular, se sabe) para reformar la justicia, mientras sus partidarios hablaban de persecución política. El expresidente renunció al Congreso y perdió su fuero, por lo que su caso fue asumido por la Fiscalía. Allí comenzaron una serie de artimañas legales que dañaron la legitimidad del ente investigador. Tres veces los fiscales pidieron sobreseer el caso y esas mismas veces los jueces a cargo dijeron que no habían hecho bien su trabajo, que las pruebas no habían sido evaluadas adecuadamente y que era necesario hacer una nueva presentación ante los tribunales. De ahí llegamos a la solicitud de acusación publicada ayer.
Según la Fiscalía, “en esta determinación se tuvieron en cuenta nuevos elementos probatorios, como las declaraciones de Deyanira Gómez y Juan Guillermo Monsalve”. Diego Cadena, quien en ese momento era abogado del expresidente, está procesado por los mismos hechos. No es, como intentan presentar algunos líderes políticos, un capricho impuesto por la Presidencia. La evidencia del proceso ha estado apuntando a la necesidad de una investigación más exhaustiva durante años.
Se avecinan semanas complejas, ya que un país polarizado no tomará estos acontecimientos con la cautela que se requiere. La llegada de la nueva fiscal general, Luz Adriana Camargo, está siendo utilizada como una señal de que ha habido un cambio para que haya persecución. Ante esto, la justicia lo único que puede hacer es lo que viene haciendo: garantizar el debido proceso y realizar audiencias con transparencia. En un caso tan importante, el país necesita saber qué pasó.
El ex Presidente Uribe ha dicho, en editoriales anteriores, que la posición de El espectador favorece su convicción. No es asi. Reiteramos que la presunción de inocencia es un principio esencial de nuestro Estado de derecho y confiamos en que seguirá siendo respetado. Lo único que hemos pedido es respeto a las instituciones y coherencia en el actuar de las autoridades. Las pruebas obrantes en el expediente merecen ser evaluadas en un juicio, independientemente de su resultado. Esperamos que sea lo que sigue en este caso.
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