Matías Ramírez vendió choripanes y refrescos el día de la movilización contra la Ley de Bases junto a un amigo. Había puesto su parrilla en el terreno en Entre Ríos e Yrigoyen, a metros del Congreso. Conoce el trabajo, siempre lo hace, vende en marchas, en la cancha y en recitales. A media tarde, pasadas las 4:30 pm, cuando estalló la represión, apagaron las brasas y comenzaron a juntar cosas para llevarlas al auto, a media cuadra. Se encontraba junto al vehículo cuando se convirtió en uno de los 33 detenidos que acabarían acusados de delitos contra el orden constitucional y la agravante de terrorismo.
Al día siguiente, luego de ser investigado en el juzgado María Servini, comenzó una nueva pesadilla cuando fue trasladado junto a otras personas al penal de Ezeiza, del Servicio Penitenciario Federal (SPF). “Tan pronto como entramos, nos pusieron contra una pared y empezaron a tirarnos gas pimienta. Nos desnudaron y nos interrogaron. ¿Cuánto te pagaron por ir allí, eh? ¿Y de qué grupo eres? Ese tipo de cosas. Uno del grupo respondió que sólo estaba luchando contra la aprobación de la ley y a mí también me abofetearon. Luego nos metieron en una celda con presos que llevan mucho tiempo ahí”, dijo Matías.
Así, a la vaguedad e imprecisión de la acusación formulada por el fiscal Carlos Stornelli contra las 33 personas detenidas la semana pasada, 16 de las cuales aún permanecen en prisión, se suma el maltrato sufrido durante las detenciones, pero también dentro de las prisiones federales. Hubo quienes, tirados en el suelo, recibieron patadas y los uniformados presionaron sus cabezas con sus botas. Los que quedaron al borde de la asfixia. Un joven que se desmayó por la presión de los sellos con los que le ataban las muñecas.
Además de la escena con gas pimienta dentro del penal de Ezeiza que describe Matías, el tipo de interrogatorio que describe también se repitió para quienes fueron enviados al penal de Marcos Paz. En este gobierno, el SPF depende del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, al igual que el resto de las fuerzas de seguridad. Llama la atención que en dos prisiones los penitenciarios se hagan las mismas preguntas. ¿Será que hubo una instrucción?
“Incluso el conductor del camión que nos transportaba nos cuestionó: ‘¿De qué organización eres?’, ‘¿En qué partido político estás?’ En cada fichaje volvían con lo mismo”, cuenta a este diario Remigio Ocampo, el vendedor de empanadas que fue detenido junto a su hija y su nieta. “En Marcos Paz pasó lo mismo, y ahí alguien me enfrentó y trató de asustarme diciéndome ‘mira que soy malo’. Cuando estaban a punto de liberarnos, nos gritaron que éramos ‘lanzadores de piedras’. Le dije que pensara lo que dicen. Cuando nos dejaron salir nos quedamos en medio de la nada. Por suerte habíamos podido avisar a nuestras familias”, recuerda. En esa prisión no hubo golpizas, pero sí violencia verbal.
(Fuente: Irina Hauser, página 12)
